Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, nueve funcionarios, un proveedor y una persona del entorno del jefe comunal fueron imputados por la supuesta lesión de confianza, confirmó el fiscal Silvio Corbeta a radio Monumental 1080 AM.
La Fiscalía pide el arresto domiciliario de Prieto.
Corbeta explicó que la imputación guarda relación con una licitación que se realizó en marzo del 2020 por la vía de la excepción, teniendo como argumento la situación sanitaria a causa de la pandemia del Covid-19.
El agente del Ministerio Público detalló que se trata de una investigación sobre una compra de alimentos para que sean distribuidos a familias de escasos recursos, que derivó en un allanamiento a la empresa que proveyó los kits alimenticios.
“Se compraron productos por valor de G. 3.000 millones. Es una investigación que en su momento fue producto de un allanamiento, hicimos seguimiento e incluso contamos con informes de la Contraloría, donde señalan varias irregularidades”, indicó Corbeta.
Para los investigadores, el proveedor facilitó su empresa para cometer irregularidades. Dijo que, por el momento, no hablan de una sobrefacturación, pero tampoco descartan el hecho.
“Para nosotros no entregaron los kits según el contrato, que en total eran de 25.000 kits”, puntualizó.
Igualmente, indicó que con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) realizaron la trazabilidad de la compra de estos productos y llegaron a una persona que no es un contribuyente real.
“Hemos detectado inconsistencias en esas operaciones, también la inexistencia del stock de esas mercaderías”, acotó el agente fiscal.
Con todos los elementos, los investigadores presumen que había existido un perjuicio patrimonial con la compra realizada por el intendente y todo su equipo administrativo.
Puede leer: Los “escrachadores” de Prieto fueron imputados por perturbación de la paz
Además, se pudo detectar que las planillas de los supuestos beneficiarios eran llenadas y firmadas por una misma persona. Incluso, algunos nombres pertenecían a personas que estaban fuera del país o de Ciudad del Este.
Tía Chela es la empresa que provee los kits que serían entregados y esta compró insumos a otra firma, que sería de una persona vinculada al entorno de Prieto.
“Las facturas que se encontraron dan cuenta de insumos muy por debajo de lo que se requiere para las raciones que se entregaron”, refirió el fiscal.
