El PDP (Partido Democrático Progresista) había solicitado un informe a la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre las actuaciones de municipios y gobernaciones, que fueron denunciados por la Contraloría General de la República, del 2016 al 2020.
A pesar de que el pedido fue aprobado por el pleno de la Cámara Alta, ya a principios del mes pasado, Desirée Masi indicó que hasta el momento no hubo respuesta.
El plazo constitucional para que las instituciones en general respondan a los pedidos de informes, que son solicitados por los parlamentarios es de 15 días, que corre cuando se remite la resolución.
En la exposición de motivos, se había alegado que la intención es obtener información sobre las actuaciones del Ministerio Público, tras los reportes de indicios de hechos punibles y denuncias enviadas por la Contraloría.
En el proyecto se pide un listado completo de los reportes, especificando los años 2016, 2017, 2018 y 2020.
Entre los detalles, se solicita la institución denunciada, la fecha de la presentación de la denuncia y la derivación en causas penales.
También, la individualización de la causa, carátula, número de causa y fecha de apertura de la causa.
Otro punto que figura en la resolución es la especificación de la unidad fiscal a cargo de la investigación, el agente fiscal designado y el estado actual en que se encuentra la causa.
Hugo Javier. Uno de los casos más sonados, en cuanto a gobernación, es el del colorado cartista Hugo Javier González, quien había sido electo para Central.
Durante la pandemia, el Congreso había sancionado una Ley de Emergencia, que contenía un paquete de créditos, que también alcanzaron a los gobernadores.
Tal es así, que cada uno había recibido USD 1 millón, que tenían que destinar para cuestiones de emergencia en sus respectivos departamentos, con la obligación de una rendición de cuentas.
A duras penas, se presentaron las documentaciones, y uno de los últimos en hacerlo fue Hugo Javier, y en su informe se detectaron una serie de irregularidades en las facturaciones, y le pasó la pelota a una oenegé, tratando de desligarse del tema.
Otro caso que se está convirtiendo en emblemático y que también se dio en plena pandemia es el que involucra al ex intendente de Asunción Óscar Nenecho Rodríguez.
Tras la insistencia, incluso por vía judicial, de la candidata opositora Johanna Ortega, finalmente se tuvo acceso al manejo presupuestario en la era del colorado.
Cuando el contralor Camilo Benítez estaba aguardando su reelección en el cargo había llevado su presentación del informe anual al Congreso, y comentó que en todos los casos en que saltan indicios de irregularidades fueron siempre remitidos al Ministerio Público.
Había indicado que hasta allí llega su tarea, y que llevar adelante la investigación ya corresponde a la Fiscalía.