Como se recordará, tras la primera declaración de cuarentena por parte del Gobierno el 10 de marzo, y la posterior aprobación en el Congreso de una Ley de Emergencia, con una línea de préstamo de 1.600 millones de dólares ante la banca internacional, que en gran parte debía utilizarse para equipar los hospitales públicos para hacer frente a la pandemia, se esperaba con gran expectativa la llegada de un primer avión carguero desde China, con mascarillas, camas para terapias intensivas y otros equipos esenciales, cuya compra había sido adjudicada en forma directa a las empresas Eurotec SA e Insumos Médicos SA, con dos contratos que sumaban 85.000 millones de guaraníes, otorgándoles un anticipo de G. 17.000 millones.
El cargamento llegó con retraso el 18 de abril y desde el primer momento se denunció que había muchas irregularidades en torno a la operación comercial. Se comprobó que los equipos no reunían las especificaciones técnicas requeridas, fueron rechazados en parte y luego, ante el escándalo mediático, se tuvieron que rechazar las compras en forma completa. Un posterior informe de la Contraloría aseguró que el proceso tenía irregularidades en todas sus etapas y otro informe de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras (CESC), presidida por el ex senador Arnaldo Giuzzio, aseguró que hubo intento de estafa. Igualmente, se presentaron dos denuncias por el caso ante la Fiscalía, una de un grupo de diputados y otra del propio ministro de Salud, Julio Mazzolenni.
Llamativamente, sin embargo, la comisión Giuzzio aseguró esta semana que “no hubo daño patrimonial”, interpretado como un intento de blanqueo de estos casos. Ante la fuerte protesta ciudadana, los miembros de la comisión entraron en contradicciones y volvieron a asegurar que sí hubo intento de estafa.
A esto se suma la gran inacción de la Fiscalía, ya que las denuncias de estafa duermen en la institución y hay tibios avances en los sumarios. No hay un solo imputado en el marco del escándalo por la compra de insumos hospitalarios, a cargo de las firmas Imedic SA y Eurotec SA, perteneciente al clan Ferreira, a cuyos miembros se atribuye estrechos vínculos con miembros del poder. Pese a que cuatro fiscales (Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia) han sido designados para llevar adelante las investigaciones, en el Ministerio de Salud Pública confirmaron a este diario que aún no han recibido pedido de informes de la Fiscalía sobre las denuncias y las investigaciones a los implicados en dicho proceso de compra.
Preocupa la predisposición a amparar la impunidad por parte de las autoridades, en momentos en que la ciudadanía sigue duramente golpeada y hay amenazas de mayores contagios del coronavirus.
