El Ministerio Público abrió de oficio la investigación en el caso de la licitación millonaria del Instituto de Previsión (IPS) y que salpicó y tumbó del Senado al liberal Dionisio Amarilla.
Los fiscales Josefina Aghemo y María Sussy Riquelme son las responsables de investigar si hubo lesión de confianza.
La previsional adjudicó por G. 140.000 millones a la empresa de seguridad y equipos de vigilancia privada SST y Buller SA, vinculada a Óscar Chamorro Lafarja, amigo del ex senador liberal.
Desde la Fiscalía solicitaron toda la información que guarda relación con la Resolución del IPS que establece el correspondiente llamado a licitación. También quiere manejar información sobre las empresas que se presentaron en el concurso, sus precios, las bases y condiciones.
Debe investigar a los integrantes del comité evaluador. Justamente desde el Ejecutivo señalaron que llamativamente no hay identificación de los funcionarios y que ante esa situación se solicitó un sumario administrativo.
El presidente del IPS, Armando Rodríguez, sigue en el cargo, pese a que el propio presidente de la República ordenó suspender la licitación y reiniciar el proceso. Esto luego del escándalo que generó una fuerte turbulencia política.
Hubo una manifestación ciudadana y de sindicalistas contra Rodríguez (frente a su domicilio) exigiendo su destitución del cargo. El mandatario había señalado que si no hay ningún indicio no tiene por qué sacarlo de la presidencia del ente previsional.