El jefe de Estado fue citado por la fiscala del Séptimo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos para que aclare los hechos materia de investigación en relación con el investigado Pacheco y otros, “así como cualquier otra información que resulte relevante”, indicó Taquire.
El abogado de Castillo, Eduardo Pachas, manifestó que van a proceder “de acuerdo con la ley con esta citación fiscal”, según declaraciones al diario La República.
Pachas añadió que se entrevistó con la fiscala, el jueves pasado, y que le presentó su punto de vista con respecto a la investigación que lleva adelante sobre las presuntas irregularidades en la concesión del proyecto vial Puente Tarata.
Taquire pidió al mandatario precisar dónde puede responder a su interrogatorio, si en el Palacio de Gobierno o en otro lugar.
INVESTIGADO. La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra Castillo por el caso Puente Tarata y por la irregular compra de biodiésel, pero las diligencias quedaron suspendidas hasta el final de su mandato en 2026. Sin embargo, otros allegados al presidente, involucrados en estos casos, como Pacheco, sus sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, y el ex ministro de Transportes Juan Silva son actualmente investigados por la Fiscalía bajo la presunción de que formaban parte de una mafia al interior del Ejecutivo, como aseguró la colaboradora eficaz de la Fiscalía, la empresaria Karelim López.
Actualmente, Pacheco y los sobrinos del mandatario están prófugos de la Justicia, después de que un juzgado dictó 36 meses de prisión preventiva contra ellos.
Un investigación del diario El Comercio reveló el domingo que los sobrinos de Castillo ingresaron a Palacio de Gobierno por una puerta del servicio doméstico, al menos 43 veces, para no quedar en el registro oficial de visitas, frente a las 37 ocasiones en que su ingreso a la sede de la Presidencia fue reportada oficialmente.
Por otro lado, Castillo es investigado por la Fiscalía por el presunto plagio cometido en la tesis que presentó en 2012 para optar al grado de magíster, junto a su esposa Lilia Paredes, ambos docentes de profesión. No obstante, el abogado atribuyó la responsabilidad de la tesis al asesor de la investigación académica y no aceptó los “errores morales o éticos”, como si fueran una conducta deshonesta del gobernante.