La fiscala general del Estado Sandra Quiñónez se lavó las manos con relación al caso que implica a los prófugos de la justicia Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, acusados por el secuestro de María Edith Bordón, quienes fueron a parar a Finlandia tras conseguir el estatus de refugiados en Uruguay.
Quiñónez resaltó que deben responder por este error la Cancillería y la Procuraduría General de la República (PGR). En contrapartida agregó que la Fiscalía cumplió con sus funciones.
“Acá todo se lanza contra la fiscalía, nosotros fuimos apoyo de las instituciones del Estado, los agentes fiscales Federico Delfino y Manuel Doldán tenían una función específica que era la de elaborar y solicitar la extradición, y que posteriormente un juez la otorgue y cumplieron con eso”, afirmó la máxima autoridad de la Fiscalía en el marco de la inauguración de la Expo Fiscalía a los medios de comunicación.
Posteriormente mencionó que tanto la Cancillería y la Procuraduría General de la República (PGR) son las instituciones que deben responder por qué no se notificó sobre la calidad de refugiados de los procesados por el plagio, lo que a su vez imposibilitó que se pueda apelar la resolución en cuestión.
“La función específica de la Fiscalía finalizó al solicitar dicha extradición, que otorgó el juzgado y luego se remitió vía cancillería a la República Oriental del Uruguay, a partir de ahí el proceso queda a cargo de los abogados contratados por el Estado Paraguayo”, puntualizó Quiñónez.
Finalmente dijo que el embajador de Paraguay en Uruguay, Rogelio Benítez es el que tiene que dar explicaciones al respecto.
“Él (Benítez) tiene que venir a explicar, nosotros realizamos el trabajo procesal, molesta porque desde el 2001 venimos luchando, fui la fiscal de la causa del secuestro”, acotó de una forma más ofuscada.
Por otra parte el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán reiteró que hubo un levantamiento de la condición de código rojo sobre Arrom, Martí y Colmán, dispuesto por la Interpol internacional, lo que significó que las tres personas buscadas desde hace más de 15 años para que sean juzgadas ante un Tribunal de Sentencia no sean detenidas en España.
“Estas son las personas que le tuvieron a mi mamá más de dos meses dentro de un pozo, son unos criminales. Estamos esperanzados de que el Uruguay no les dé refugio a éstos secuestradores”, había señalado Enzo Debernardi hijo de la víctima de cautiverio, en agosto pasado a las autoridades uruguayas.
