Liliana Alcaraz quedó a cargo de la investigación sobre todos los casos vinculados con la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional (Cajubi) luego de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados suspendiera en el cargo a su colega Sergio Alegre, acusado por miembros de la previsional de paralizar una de las pesquisas abiertas en el Ministerio Público con relación a la entidad.
Alegre recibió en enero del año pasado una primera denuncia referida a supuestas inversiones realizadas por los anteriores administradores de Cajubi a través de una empresa que en teoría opera en Canadá. Fueron más de 14 millones de dólares destinados a esta operación, de los que solo se recuperaron unos 600 mil dólares.
Una investigación de ÚH reveló que el dinero fue administrado a través de un intermediario, Eduardo García Obregón, quien se quedó inexplicablemente con tres millones de dólares y desvió otros siete millones a otra compañía que también le pertenece y que supuestamente compró unas garantías financieras que hoy están vencidas y de las que no se pudo recuperar un solo dólar.
LA DENUNCIA. Miembros de la Cajubi denunciaron ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que, pese a la contundencia de la presentación hecha ante la fiscalía de Sergio Alegre, hasta hoy el agente no realizó imputación alguna.
En su defensa, el fiscal refirió ayer que el Ministerio Público perdió casi ocho meses esperando que los peritos de la entidad extrajeran información del disco duro de la matriz informática de Cajubi, información referida al intercambio de correos electrónicos entre los administradores de la previsional y los receptores del dinero en el exterior; información necesaria para determinar si existe un daño patrimonial e identificar a los responsables de este.
Alegre dijo que en todo este tiempo estuvo realizando contactos con las autoridades de Canadá, Panamá y los EE. UU., lugares en donde operan las empresas que recibieron el dinero de los jubilados, para poder realizar investigaciones en esos países sobre el manejo que recibieron los fondos y su destino final.
“No puedo hacer una imputación si no tengo elementos para sostenerla. Es un tema complejo y necesito de más información, y eso lleva tiempo y recursos”, aseguró.
Por de pronto, la pesquisa quedó en manos de su colega Liliana Alcaraz, quien ya investiga otra denuncia similar.
LA OTRA DENUNCIA
La fiscala Liliana Alcaraz había quedado ya como titular en la investigación sobre otra inversión realizada por los anteriores administradores de Cajubi, esta vez por 5,3 millones de dólares. El caso se vincula con la adquisición de supuestas pólizas de seguros de vida a través de una compañía canadiense. El fiscal Sergio Alegre había quedado como adjunto en el caso. Ahora, con su salida, el Ministerio Público deberá designar a otro agente para colaborar con Alcaraz en la investigación.