AFP
RANCAGUA - CHILE
El fiscal Emiliano Arias, que centraliza las investigaciones por encubrimiento de religiosos que abusaron sexualmente de menores, tiene en la mira a varios obispos, después de imputar al cardenal y arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati.
Otros obispos cuyas “actuaciones están siendo analizadas, podrían también ser citados como imputados”, adelanta en una entrevista en su oficina de la Fiscalía de Rancagua, donde el martes tomará declaración al cardenal Ezzati –jefe de la Iglesia católica chilena–, en calidad de imputado por encubrimiento de los abusos que la han sumido en la peor crisis de su historia. En esa diligencia, el fiscal tendrá que determinar si Ezzati “cumplió o incumplió sus obligaciones” de proteger a las víctimas y hacer cumplir la normativa eclesiástica.
marco legal. Sin embargo, a diferencia de los sacerdotes pederastas, ve poco probable que vaya a la cárcel, ya que la prisión preventiva es la medida más gravosa del ordenamiento procesal antes de la condena y se rige por el principio de la proporcionalidad. La pena del encubridor es inferior en 2 grados a (la del) delito cometido por el autor, precisa. La mayor parte de los documentos que le permitieron citar como imputado al cardenal fueron recabados en un allanamiento al Arzobispado de Santiago tras la negativa de la Iglesia a entregar a la justicia la documentación de las diligencias canónicas solicitadas, amparándose a menudo en el respeto a las víctimas. “La Iglesia, lo que tenía que hacer es denunciar de inmediato. Su interés es que esto pare”, espeta antes de señalar que el hecho de no tener obligación de denunciar no significa que les esté prohibido hacerlo. Hasta ahora, 5 obispos renunciaron a sus cargos y el sacerdote Óscar Muñoz está en prisión preventiva por el abuso de al menos 7 menores.
La Fiscalía, en tanto, mantiene abierta 38 investigaciones por abuso sexual al interior de la Iglesia católica, de las que el fiscal Arias lleva 19.
Juicios en 6 a 8 meses. Los primeros juicios de casos concretos de sacerdotes abusadores tendrán lugar en un plazo de 6 a 8 meses, estima el fiscal, que cree sin embargo que el de los encubridores demorará más tiempo, consciente de que será dificilísimo demostrar el delito. El hecho de que una persona esté citada como encubridor no significa que esté condenada, advierte, antes de agregar otra dificultad: en Chile no hay jurisprudencia o antecedentes que hablen de responsabilidad penal en este tipo de delito. No obstante, se ampara en una carta que el papa Francisco envió a los obispos chilenos en la que denuncia una cultura del encubrimiento, del abuso sexual, de delitos para sentar a la jerarquía en el banquillo.
En cuanto a la destrucción de pruebas que denunció, espera que le sirva para demostrar la culpabilidad de los jerarcas, en la medida que las víctimas vengan a la Fiscalía y denuncien ante la justicia ordinaria.
Desde 1960, al menos, 158 obispos, sacerdotes y otros religiosos fueron o están siendo investigados por abusos en Chile, la Fiscalía tiene constancia de 266 víctimas, 178 de ellas menores.
Presionan contra los encubridores de sacerdotes en los EEUU
Una exhaustiva investigación que reveló que 300 curas católicos abusaron al menos de mil niños en Pensilvania aumenta la presión en EEUU para endurecer las leyes y aplicarlas a los líderes de la Iglesia que encubrieron estos crímenes durante décadas.
Dos días después de la publicación del informe, el Vaticano afirmó que siente “vergüenza y dolor”, y aseguró que el Papa está del lado de las víctimas. La investigación, la más exhaustiva jamás realizada en Estados Unidos sobre el tema, señala que la cifra de menores abusados por sacerdotes católicos está en los miles en Pensilvania. Pero la mayoría de los crímenes fueron cometidos hace tanto tiempo que prescribieron. El ex sacerdote Carlos Urrutigoity, que había sido expulsado de la diocesis de Ciudad del Este, figura entre los 301 curas depredadores sexuales que trabajaron en las diferentes diócesis de Pensilvania.Para evitar nuevos abusos, el informe recomienda endurecer las leyes para obligar al liderazgo de la Iglesia a reportar los crímenes, eliminar el límite de tiempo máximo para denunciar todos los casos de abuso sexual de un menor y alargar el plazo para que las víctimas puedan exigir indemnizaciones. “Espero que como resultado del informe el liderazgo de la Iglesia Católica comience a estudiar en serio la manera de responsabilizar a los obispos, que no cometían abusos, pero transferían a los curas abusadores de una diócesis a otra”, dijo Lisa Fullam, profesora de Teología Moral de la Universidad de Santa Clara, en California. AFP
