Interior

Fiscal pide arresto domiciliario a imputados de la estancia Palmeira

Por la edad, el representante del Ministerio Público, quien atiende el caso, recomendó la aplicación de las medidas que ayuden a sujetar a los imputados al proceso penal iniciado en su contra.

Los ganaderos José Luis Andrés Manzoni Wasmosy y Marta María Manzoni Real, propietarios de la firma Agrícola y Ganadera Palmeira SA, fueron imputados por cometer delitos ambientales por el fiscal de la unidad especializada en medioambiente Víctor Adolfo Santander.

El hecho se produjo en la estancia ubicada en la colonia Agua Blanca del distrito de Corpus Christi, Departamento de Canindeyú. Por la edad, el fiscal recomendó la aplicación de arresto domiciliario y otras medidas que ayuden a sujetar a los imputados al proceso penal iniciado en su contra. Hasta ayer, ningún abogado se presentó ante la Fiscalía en representación de los imputados, según el fiscal.

Santander constató a través de informes periciales de imágenes satelitales, que la firma depredó la reserva natural del 25% que debía ser dejado en la estancia, reduciéndolo al mínimo entre los años 2010 al 2020, además de haber construido una pista de aterrizaje, sin el correspondiente estudio de impacto ambiental.

Las expectativas de pena van de 2 a 5 años con multa, por los hechos punibles imputados que son la tala de árboles o bosques nativos, la violación de la ley de deforestación cero, relacionado al área boscosa, y el incumplimiento de las medidas de mitigación, con relación a la pista de aterrizaje, de acuerdo con lo confirmado por el representante del Ministerio Público.

pedido de rechazo. Anteriormente el abogado Diego Aguilar Sanabria, en representación de José Luis Andrés Manzoni Wasmosy, había solicitado al Mades reconsiderar la sanción de 20.000 jornales impuesta a la empresa contra la Resolución Nº 377/2020. Aguilar había señalado que “considera injusta la calificación del hecho atribuido a mi defendido como la pena sancionada, por no ajustarse a la verdad de los hechos y que se hayan acreditado plenamente”. Cuestionó que no se haya tomado en cuenta la declaración de su defendido y que los documentos presentados no hayan sido tenidos en cuenta como parte de la defensa.

DE OFICIO. La Fiscalía había iniciado una investigación de oficio en el año 2020, con un allanamiento realizado en setiembre por Santander, quien estuvo acompañado por el técnico de la Dirección Especializada en Delitos Ambientales, ingeniero Luis Miguel Oviedo, y además de la intervención del Ministerio de Desarrollo Sostenible, solicitado posteriormente por el fiscal. El Mades estableció una multa de 20.000 jornales mínimos, al constatar la infracción y el resultado del sumario fue agregado a la carpeta de investigación fiscal, de acuerdo con el acta de imputación fiscal.

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