Por Lucho Alvarenga
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Dominga Sosa, funcionaria de la Secretaría del Ambiente (Seam), y el funcionario del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) Isidro Marecos Ruiz fueron imputados ayer por el fiscal ambiental José Luis Casaccia.
La acción fue impulsada en base a una investigación realizada por ÚH y Telefuturo, que demostró cómo es posible traficar pescados prohibidos desde Pilar hasta Asunción, sin ningún control de las citadas instituciones responsables.
El equipo periodístico que realizó la investigación, con conocimiento de la Fiscalía Ambiental, logró conseguir con un nombre ficticio y cédula de identidad inexistente la guía de traslado de 41 kilos de pescados de la Seam y el certificado del Senacsa.
Con la guía otorgada por los imputados se pudieron traer desde Pilar hasta Asunción dos ejemplares de dorado, de pesca y comercialización prohibida por la Ley 3.191, y un ejemplar de surubí fuera de medida.
El fiscal Casaccia sostiene en su escrito que inició la investigación en base al trabajo realizado por Telefuturo y Última Hora, que demuestra cómo los funcionarios de dichas instituciones permitieron la compra y transporte de una especie prohibida como el dorado.
Señala que el presunto delito cometido es el de omisión, previsto en el artículo 15 del Código Penal.
Ya en conversación con ÚH, el fiscal dijo que los funcionarios tienen la obligación legal de impedir que ocurra el traslado de un producto prohibido.
El agente público dijo que si bien es cierto que la gente dice que se procesa solo a los funcionarios menores, es difícil llegar a las cabezas de las instituciones.
“Se supone que el responsable de una administración debe controlar y exigir resultados a sus funcionarios”, enfatizó.
Subrayó que con este tipo de hechos se demuestra que el “ministro no está controlando a sus funcionarios, no está haciendo el traslado, no está pidiendo resultados”, refiriéndose a Óscar Rivas, titular de la Seam, secretaría a la que solicitará informes.
GRAVE DESCONTROL
La investigación de ÚH y Telefuturo sobre el tráfico ilegal del dorado se había iniciado a fines de setiembre pasado. En la primera etapa se logró registrar cómo la citada especie era comercializada en mercados de la Capital y zonas ribereñas del Área Metropolitana, sin control alguno.
Posteriormente, fuimos hasta Pilar, Ñeembucú, zona de gran acopio de peces, donde se descubrió una situación mucho más grave de descontrol por parte de la Seam y del Senacsa.
En esta ciudad se pudieron obtener una guía y certificado sanitario, sin presentar los pescados para su verificación. Los documentos fueron expedidos y en base a estos se hizo la compra de dos dorados y un surubí fuera de medida, que llegaron en transporte público hasta Asunción.