Unos 36 efectivos de la Policía Nacional están a disposición del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Así lo revela un informe de la propia Comandancia remitido al Congreso, en agosto de 2015.
El titular del Ministerio Público cuenta con todo un séquito de custodios no solo para su seguridad personal, sino también para sus familiares e inclusive en su residencia.
Como guardias personales tiene a su cargo 8 policías, mientras que en su domicilio están apostados otros 13.
La seguridad de su familia depende de 11 policías, mientras que sus cercanos en Caazapá cuentan con 3 efectivos, y su hermana que reside en Hernandarias tiene 1.
En otras dependencias de la Fiscalía, tanto en capital como en el interior del país también están asignados una gran cantidad de policías.
Llamativamente, días pasados el ministro del Interior, Francisco José de Vargas, se reunió con el titular del Congreso, Mario Abdo Benítez, y la conversación giró en torno a ra- cionalizar la custodia policial.
El senador colorado había alegado que ya se está trabajando en torno a un plan y que hay voluntad política para que más policías estén al servicio de la gente en las calles.
Estos datos como el del fiscal así como lo que reveló el titular de Diputados, en donde hay 193 policías, dejan en evidencia a las autoridades que apelan a su investidura para resguardar su seguridad con efectivos policiales, mientras la ciudadanía cada vez está más expuesta a la serie de asaltos que son rutinarios.
También se generaron reacciones a favor y en contra de esta medida de reducir la cantidad de guardias en el ámbito parlamentario, pero el reclamo es que alcance a todos los Poderes del Estado.
Es un secreto a voces y también llegó a salir a luz en su momento el negocio de las guardias privadas, ya que los policías también son contratados en connivencia con los comisarios para un determinado local y sus jefes estarían percibiendo dinero a cambio.
Lo que también se comenta en este contexto, es que de acuerdo al lugar de comisionamiento, los policías asignados a una institución pública perciben un plus que deben compartir con sus jefes.
Incluso varios uniformados mencionan que ocurren estos hechos, pero no se animan a denunciar públicamente.