La empresa Ammo SA incluida en la publicación “Ciudadanos usados para el ingreso de armas legales al mercado ilegal”, expuso que la declaración del electricista sobre la falsificación de sus datos para la compra de armas es falsa y la transacción hecha en la casa comercial fue una venta legal.
Denunció que fue parte de un sumario iniciado por la Dimabel que desapareció.
Los representantes señalaron que corresponde a una casa habilitada por la Dimabel y que no está en forma irregular.
En visita a la redacción de ÚH, representantes de Ammo argumentaron que la venta al electricista fue legal, por lo que se expidió una factura.
Vía telefónica el abogado Juan Florentín Romero refiere en mensaje de voz: “La compra del arma efectuada por el supuesto testigo es total y absolutamente lícita; prueba de ello es justamente la misma factura que se le expidió a este señor, si la compra se hizo con todos los recaudos legales, es más, el legajo de esa compra venta tiene que estar en Dimabel con la firma de este ciudadano y además, tiene que tener su propia huella dactilar”.
Remarcó que la firma “desmiente categóricamente, lo dicho por el supuesto testigo y a todas luces como una declaración jurada, lo que puede hacer Dimabel se tendrá que ver con la justicia su testimonio termina siendo una declaración falsa”.
En cumplimiento al derecho a réplica se lee la existencia de un sumario.
“Sumario Instruido en averiguación de supuesta expedición irregular de carnet de registro y permiso de tenencia solicitado (se omite la identidad) N° 02/2022, realizado de manera completamente irregular por parte de la Dimabel, violando la Constitución Nacional y la Ley 6715 de Procedimientos Administrativos” agrega.
La firma Ammo, a través de su abogado, relata que “en primera instancia dijeron que, nunca hicieron un sumario, pero luego de la instancia aceptaron, dijeron que no podrían entregarnos porque era un procedimiento administrativo de la Dimabel y que como se trataba de la institución, no podrían entregar ningún documento, en ese momento, explicamos que éramos parte de ese procedimiento administrativo (porque ya estábamos en conocimiento del mismo) y nos contestan que ellos no se rigen por el sistema ordinario sino por la Ley militar 1115”.
Agregó que “volvimos a aclarar que se violaron nuestros derechos constitucionales y que no se siguió el debido proceso, al cual tenemos derecho”. Asimismo, “mencionamos el procedimiento administrativo de la Ley 6715 en donde vuelven a repetirnos que ellos no pueden darnos ninguna documentación, que en todo caso si quisiéramos acceder a ella, nos remitamos a la Fiscalía de crimen organizado para enterarnos sobre los detalles de ese sumario del que primero nos negaron su existencia”. Agregó que “jamás dieron parte a la empresa Ammo SA de este sumario que en todo momento ocultaron”. Enfatizó que poseen “copias de todos los escritos presentados en mesa de entrada solicitando, se nos expidan copia del sumario, además fuimos a fiscalía con nuestros abogados a solicitar informes y nunca tuvimos respuesta. La declaración y todo el sumario”. Denunció una filtración de documentos que considera de “forma parcial, tendenciosa y malintencionada”.
