“Ya ocurrieron algunos accidentes y hasta han muerto personas en las minas ilegales de Paso Yobai, por las precarias condiciones en que se trabaja”, reclama el geólogo Juan Carlos Benítez, gerente de Latin American Minerals Paraguay (Lampa), la empresa canadiense que actualmente tiene la concesión legal para explotar oro en la región minera de Paso Yobai.
La firma adquirió los derechos de la empresa Minera Guairá, que obtuvo la segunda concesión para extraer el mineral por Ley 2079 en el año 2003. También estuvo en tratativas para adquirir la concesión de la primera empresa, Minas Paraguay, que la obtuvo en 2001, por Ley 1708, pero finalmente no prosperó, debido al conflicto con los pequeños mineros.
“Cuando nosotros entramos había unos 25 molinos informales que se dedicaban a la producción del oro de manera casi artesanal, pero en los últimos años la minería ilegal ha crecido en forma impresionante; actualmente son como 70 molinos instalados, en cualquier parte donde haya un arroyo, y hay detrás gente con mucho dinero, porque utilizan retroexcavadoras, palas cargadoras, máquinas que cuestan 500.000 guaraníes la hora”, relata Benítez.
DIFICULTADES. El cuadro de falta de control y ordenamiento de la minería informal por parte del Estado crea inconvenientes al grupo inversor que busca desarrollar un proyecto de producción aurífera sin contaminar, alega el empresario.
“Nosotros aún no estamos produciendo oro. Hemos desarrollado en todo este tiempo un trabajo de prospección, de investigación, de toma de muestras. Ahora estamos instalando una planta piloto de explotación gravimétrica, que no utilizará mercurio ni ningún producto químico, solamente agua para separar el oro de otros materiales”, destaca.
La planta, en la que la empresa ha invertido unos 10 millones de dólares, tendrá una capacidad para procesar 35 toneladas de material mineral por hora y empezaría a realizar las primeras pruebas de producción a fines de enero del 2012.
ORDENAMIENTO. Sin embargo, para que la inversión pueda realizarse con seguridad, la empresa reclama un esfuerzo por parte de organismos del Gobierno para enfrentar y ordenar el caótico cuadro de informalidad e ilegalidad en que se sigue manejando la exploración del oro en la región, con graves consecuencias ambientales y de salud en la población.
“Hemos enfrentado situaciones incluso de mucha violencia, en que piquetes de mineros cerraban los accesos a nuestras oficinas en Paso Yobai o amenazaban a nuestros empleados. Hasta ahora, hay un grupo de 11 propietarios (entre los que se incluyen el concejal departamental Óscar Chávez y otras autoridades regionales) que explotan ilegalmente unos mil metros dentro de nuestra áreas de concesión y no permiten trabajar en ese sector”, destaca.
La empresa ha realizado comunicaciones al Ministerio de Obras Públicas, a Justicia y Trabajo y la Seam, aportando documentos sobre las irregularidades.
“Deslindamos responsabilidad de la grave contaminación con mercurio en los arroyos, así como de los accidentes en las canteras por falta de protección, porque ellos difunden la versión de que es nuestra empresa la que contamina, cuando en realidad eso es imposible, ya que aún no estamos explotando oro y además nuestra tecnología es no contaminante”, refiere.