Por Raúl Cortese
ENCARNACIÓN
Unas diecisiete familias se encuentran acampando frente a una propiedad privada de unas 185 hectáreas, desde el 7 de julio pasado.
Solamente unas cuatro hectáreas se encuentran limpias. El resto es todo monte y pertenecería a un ciudadano de nacionalidad japonesa, cuyo nombre se desconoce.
El terreno estaría siendo administrado por Antonio Zarza y por el diputado liberal Édgar Ortiz, oriundo del distrito de Alto Verá, de acuerdo con la versión dada por los campesinos.
Gabino González, dirigente del asentamiento Caaguy Rory, significó que dieron un plazo de veintidos días a un mes, y que de no aparecer los documentos que avalen la tenencia de la propiedad, ingresarían para reclamarlas como excedente fiscal.
LUGAR ALEJADO Y OLVIDADO. Las tierras se encuentran a unos 25 kilómetros del casco urbano de Caronay, y a unos 135 kilómetros de la ciudad de Encarnación. Llegar al lugar se torna bastante difícil, por el pésimo estado de los caminos, que prácticamente nunca han recibido mantenimiento.
Todas las familias que componen esta movilización están conformadas por vecinos de la zona que no poseen tierras, de acuerdo a lo afirmado por el dirigente campesino, que dijo no pertenecer a ninguna organización campesina nacional.
Silvino Giménez, miembro del asentamiento Caaguy Rory, de 53 años de edad, manifestó estar presente en el lugar para tener definitivamente su tierra propia. Está casado en la actualidad y tiene seis hijos, de los cuales ninguno tiene un terreno rural de su propiedad.
La zona se identifica con la instalación de familias de condición muy humilde que habitan en precarias casitas de madera, dedicándose a la agricultura de manera muy rudimentaria o al procesamiento de madera (carbón, leña y extracción de rollos) en forma clandestina.
Agentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público de las Colonias Unidas ya se han apersonado en el lugar y se encuentran expectantes ante cualquier novedad que pudiera ocurrir en las próximas horas o días.
Los agentes del orden se colocan en las inmediaciones en forma preventiva, aunque no tienen, por el momento, ninguna instrucción ante una eventual ocupación de la propiedad en litigio.
Los campesinos esperan la presentación de documentos de las 185 hectáreas y, caso contrario, en 20 días ingresarán para reclamar esta propiedad como excedente fiscal.
Esta situación preocupa a las autoridades locales, al gobernador y a los intendentes.