Según informaron fuentes judiciales, el juicio oral contra la actual senadora –procesada ya en cinco casos más– tendrá lugar en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Buenos Aires, integrado por los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara.
El proceso, en el que se investigan irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral –propiedad de Lázaro Báez– en la sureña provincia de Santa Cruz durante los ejecutivos kirchneristas (2003-2015), afecta también, entre otros, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y al propio Báez.
Los tres ya están en prisión preventiva por otras investigaciones.
Si bien fue en marzo pasado cuando el juez Julián Ercolini elevó a juicio la causa, este lunes se fijó la fecha para el inicio de la vista oral.
La Justicia federal investiga el presunto “direccionamiento” de contratos a favor del Grupo Austral en Santa Cruz, cuna del kirchnerismo y provincia de la que el expresidente Néstor Kirchner fue gobernador desde 1991 a 2003.
El expediente apunta a que se perpetró un plan en Santa Cruz para el manejo “fraudulento” de fondos estatales en favor de las empresas de Báez, que resultaron adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en esa provincia durante los 12 años en que se extendieron los gobiernos kirchneristas nacionales.
A los imputados se les acusa de haber formado parte de una asociación destinada a cometer delitos para “apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada” de los fondos asignados a la obra pública vial mediante licitaciones con “múltiples irregularidades” destinadas al favorecimiento del empresario.
Para lograr esa situación, en el relato de los hechos establecido por la Justicia se destaca cómo se realizó la “conversión formal” de Báez, amigo durante años del matrimonio presidencial, en empresario de la construcción, para luego “ser insertado” en el negocio de las contrataciones de áreas de infraestructura.
Se nombra como prueba que pocos días antes de que Kirchner asumiera la Presidencia, Báez, junto con dos socios, fundó su grupo empresarial.
La causa de Ercolini guarda semejanzas con otras que afectan también, principalmente, a Fernández y Báez, y en las que se investiga si se usaron dos sociedades inmobiliarias de los Kirchner para recibir, mediante arrendamientos de propiedades, transferencias millonarias de parte de empresarios como Báez, que a su vez había recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
Contra la exmandataria ya hay elevadas a juicio otras dos causas –todavía pendientes de fecha–: una por un presunto perjuicio económico al Estado por la decisión de su gobierno de que el Banco Central vendiera dólares a un precio por debajo del mercado.
La otra es por el presunto encubrimiento, a través de un pacto con Irán, de los imputados por el ataque contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires en 1994.
Fernández, opositora al gobierno de Mauricio Macri, ha negado en multitud de ocasiones los cargos que se le imputan y reiterado que se siente víctima de una persecución política impulsada por su sucesor, que a su juicio pretende tapar la situación económica del país.
La última vez fue esta mañana, tras acudir a declarar por un caso sobre millonarios sobornos de empresarios durante el kirchnerismo.
“Soy perseguida simultáneamente en cuatro causas por la misma supuesta asociación ilícita”, criticó, y cuestionó que fuera citada a declarar “en medio de las peores noticias económicas” y cuando la moneda local afronta una fuerte devaluación.
