Reuters
El referendo del domingo y los hechos de violencia que se vivieron en esa jornada electoral han llevado a España a su peor crisis constitucional en décadas y representan un nuevo desafío para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un líder conservador que ha tomado una postura muy dura sobre el hecho.
“Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña basado en la Constitución y el Estatuto de Autonomía”, dijo el Rey.
En un discurso transmitido por todos los medios locales, el monarca acusó al gobierno catalán de “deslealtad” y de socavar la convivencia y avivar la división social al “sistemáticamente” vulnerar las leyes, y de situarse “totalmente al margen del derecho y de la democracia”.
Tras el referendo no autorizado -que arrojó una mayoría en favor de la independencia-, Rajoy está en la encrucijada de asumir los poderes regionales, como le pide Ciudadanos, su socio de gobierno, o abrir un diálogo con la Generalitat como exigen los socialistas, líderes de la oposición.
“Estamos trabajando en medidas que protejan al pueblo de Cataluña. Tenemos preparadas todas la actuaciones y lo estamos hablando con los distintos representantes políticos”, dijo la vicepresidenta del Gobierno a periodistas.
Unas 900 personas resultaron heridas el domingo por el accionar de la policía, que disparó balas de goma para interrumpir la votación. El accionar de las fuerzas de seguridad generó duras condenas de la comunidad internacional.
El martes, las protestas se desarrollaron en todo el territorio de Cataluña, con cortes de carreteras y diversas concentraciones. [nL2N1ME09N]
Si continúa la incertidumbre, la crisis catalana podría condicionar la legislatura de Rajoy y la estabilidad política del Ejecutivo en minoría, ralentizando eventualmente la recuperación económica del país, según analistas. [nL8N1MD2FR]
Los datos provisionales de la consulta del domingo, que se vio teñida de cargas policiales y dudas sobre sus garantías, arrojan que hubo 2,6 millones de papeletas de un censo de 5,3 millones y que un 90 por ciento de ellas fueron a favor de la independencia.
