Una orden judicial de desalojo fue cumplida ayer por el oficial de Justicia Gualter Daniel Saravia, acompañado por unos 150 agentes policiales.
La orden fue firmada por la jueza en lo civil y comercial Victoriana Cáceres Duarte en un juicio posesorio, iniciado por el empresario Valdir Sacomori, sobre las fincas 27.232, 26.444, con matrícula K0433552, del barrio Che La Reina de Ciudad del Este.
Una pobladora del lugar, quien pidió la reserva de su identidad, señaló ayer que ellos entregaban una colaboración semanal a la presidencia del asentamiento, Benita de Figueredo, para gestionar la adjudicación ante la Municipalidad de Ciudad del Este.
Sin embargo, ayer se realizó el tercer desalojo en el inmueble ocupado por los sintechos desde hace 5 años. Los vecinos perdieron sus viviendas, que fueron desmanteladas posteriormente por funcionarios del mandante del desalojo.
INCIDENTES. Antes del desalojo los vecinos recibieron con una barricada de cubiertas incendiadas en la entrada a la manzana, además de amenazar en reaccionar para evitar el procedimiento policial. El incidente terminó con 8 detenidos, entre ellos el activista social y precandidato a concejal Elvio Barúa.
Una comitiva policial fue recibida a cascotazos por los vecinos, en el momento en que se acercaban para negociar con ellos una salida pacífica. Tras las detenciones hallaron una mochila con bombas incendiarias o molotov y honditas, que iban a ser utilizadas supuestamente contra los agentes del orden.
Tras la captura de los cabecillas, la Policía garantizó al oficial de Justicia la entrega del inmueble a los representantes del propietario, quienes desarmaron las viviendas y los sacaron a la calle. Los afectados señalaron que no tenían dónde ir y la presidenta no se encontraba en el sitio, en el momento del procedimiento. La Policía reportó que había 20 viviendas desocupadas en el momento del desalojo y otras 20 habitadas.
El argumento de Barúa y otros grupos sociales que ocupan inmuebles, también reclamados por particulares entre el kilómetro 4 y el kilómetro 5, lado Acaray, de Ciudad del Este, es que el sector forma parte de la Finca 66, expropiado por el Estado a favor de la Municipalidad de Ciudad del Este. El grupo reivindica que es la Comuna la que debe administrar la propiedad, incluso, ayer, Barúa amenazó a través de las redes sociales que escracharían al intendente Miguel Prieto, si se realizaba el desalojo.
La Comuna inició una mensura judicial para determinar el límite de la Finca 66 y los documentos existentes sobre los inmuebles en el sector, ya que en gran parte habían sido comercializados con anterioridad por inmobiliarias que entregaron títulos de propiedad a la mayoría de los poseedores, previo pago por los terrenos.
