La Sala Constitucional debe estudiar la acción de inconstitucionalidad que presentó en el 2018 el entonces contralor Enrique García, tras perder en dos instancias judiciales su negativa rotunda a responder y hacer públicas las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, de los altos funcionarios públicos.
Los demás siete integrantes de la Sala Constitucional que ya han emitido su dictamen son los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Alberto Martínez Simón, Manuel Ramírez Candia y Gladys Bareiro de Módica, así como los jueces Óscar Paiva, Valentina Núñez, Marcos Riera y Guido Cocco.
Presión. Los miembros de esta sala se encuentran recibiendo todo tipo de presiones por parte de las altas esferas del poder político y económico que no quieren que se hagan público sus declaraciones de bienes.
Actualmente existen declaraciones juradas ya publicadas por la Contraloría General de la República gracias a las sentencias de jueces, como el caso de las declaraciones del ministro de Hacienda, Benigno López, y el presidente del Banco Nacional de Fomento, Daniel Correa, así como las empresas y funcionarios públicos vinculados a las compras de insumos en el marco de la pandemia del Covid-19.