De acuerdo a los legisladores que se manifestaron a favor de la iniciativa, la normativa permitirá cumplir con pueblos ancestrales y sus justos reclamos, así como regularizar al Estado paraguayo ante organismos internacionales.
Explicaron que nuestro país a través de varios gobiernos ha llevado a cabo expropiaciones para la devolución de los territorios ancestrales, pero que dichos inmuebles no poseen accesos de caminos por lo cual las comunidades no pueden acceder a las mismas por temor a quedarse encerrados.
Con la expropiación se construirán caminos de todo tiempo y permitirá dar cumplimiento a la sentencia sobre fondo, reparaciones y costas recaída ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en beneficio de la comunidad indígena Yakye Axa en el 2005; al acuerdo amistoso alcanzado ante el mismo organismo internacional a favor de la comunidad indígena Kelyenmagategma (2011) y la sentencia ante órgano jurisdiccional competente de nuestro país, en beneficio de la comunidad indígena Payseysmamexiempa’a en el 2016.
Amarilla argumentó su oposición indicando que se está contraponiendo a dos poderes del Estado y recordó que el Poder Ejecutivo inició una demanda contra los propietarios de las fincas para solicitar servidumbre de paso. “El Poder Ejecutivo hizo una demanda para no pagar y nosotros ahora vamos a expropiar para pagar. Estamos violentando los principios republicanos”, aseguró.