El juez James Patterson consideró que el delito de Portillo fue un “abuso de la confianza pública” y le obligó a devolver los 2,5 millones de dólares que aceptó como soborno por parte del Gobierno de Taiwan para que Guatemala lo reconociera diplomáticamente.
Portillo, que ejerció la Presidencia desde 2000 a 2004, lavó el dinero de los sobornos en bancos estadounidenses y europeos y fue extraditado a Nueva York en mayo del año pasado desde Guatemala.