Macchi, presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asobán), aseguró que la propuesta es plausible, pero que existen cuestiones que deben ser evaluadas. Entre otros puntos, citó la gratuidad para la provisión de productos y servicios, además de las asimetrías regulatorias entre los diversos actores financieros.
Cabe recordar que la iniciativa busca que los pagos a trabajadores en situación de dependencia, cualquiera sea su empleador, deban realizarse a través de las instituciones reguladas por el BCP y el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop). Estas entidades deberán habilitar cuentas sin costo, las cuales en el caso de las instituciones de intermediación financiera tendrán asociadas una tarjeta de débito, entre otros aspectos.
“Uno de los temas claves en la discusión con el regulador, no solamente en esta ley, tiene que ver con los precios (...); creemos que los servicios financieros tienen que poder ser sustentables, necesitamos un marco legal que combine necesidades, de servicios gratuitos limitados, pero también de tarifar los servicios que correspondan”, manifestó.
Por su parte, Carvallo, titular de la Asociación de Bancos y Financieras (Abafi), sostuvo que el proyecto es un avance en la dirección correcta, pero lo consideró “insuficiente”. Coincidió en que hay puntos que generan dudas, entre los cuales incluyó las obligaciones que se imponen para los medios de pago electrónicos en operaciones que sobrepasen cierto umbral. En cuanto a los beneficios, los representantes de Asobán y Abafi coincidieron en que la mayor inclusión financiera colabora a reducir la pobreza y a crecer más.