Los miembros del grupo parlamentario se desplazaron hasta la ciudad de Curitiba, en el sur del país, donde se reunieron con Dirceu en dependencias de la justicia federal, pero no lograron una sola respuesta a las preguntas formuladas durante una media hora.
Dirceu, de 69 años, está detenido desde el pasado 3 de agosto acusado de ser uno de los “arquitectos” de la red de corrupción que, según los balances de la propia Petrobras, desvió cerca de 2.000 millones de dólares de la empresa durante la última década.
El exministro fue detenido en su residencia de Brasilia, en la que cumplía en régimen domiciliario la condena de diez años y once meses que recibió por su responsabilidad en un sonado escándalo de sobornos parlamentarios denunciado en 2005, en medio del primer mandato de Lula.
Según sostiene la Fiscalía, aún estando preso, Dirceu fue uno de miembros de la red de corrupción que operó en Petrobras e incluso fue uno de sus “arquitectos”.
“Seguía recibiendo comisiones aún preso”, dijo el fiscal Carlos Fernando Santos Lima al justificar la decisión de suspender el arresto domiciliario del que Dirceu disfrutaba desde fines del año pasado y recluirle otra vez en prisión.
Según la Fiscalía, Dirceu y algunos de sus allegados recibían de la red de corrupción en Petrobras unos 200.000 reales (alrededor de 55.560 dólares) por mes, aunque aún no se ha determinado cuánto de ese dinero era directamente para el exministro.
“No tenemos dudas de que Dirceu recibía ese dinero de diversas formas, de que ese dinero tenía origen en la red de corrupción de Petrobras, y de que se benefició personalmente de todo eso”, apuntó Santos Lima.
Hasta caer en desgracia, Dirceu era uno de los líderes más influyentes del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen Lula y su pupila política, sucesora y actual mandataria Dilma Rousseff, y que es la formación más salpicada por el escándalo en Petrobras.
A cada una de las preguntas formuladas hoy por los legisladores, Dirceu dio siempre la misma respuesta: “Por recomendación de mis abogados, voy a permanecer en silencio”.
Dirceu ni siquiera aclaró si se propone aceptar una propuesta para firmar un acuerdo de colaboración con la justicia, que pudiera reducir su eventual pena a cambio de información sobre la red de corrupción en Petrobras.
El exministro escuchó duras críticas de algunos parlamentarios, que llegaron a tildarlo de “ladrón”, pero también alguna declaración en su favor.
La diputada Maria do Rosario Nunes, del PT e integrante de la comisión, dijo que Dirceu “es un hombre que ha dedicado su vida a la lucha por la democracia” y al “combate a la corrupción”, y criticó que, un mes después de su detención, “aún no ha sido interrogado por la policía” ni se han formulado cargos en forma oficial.
Las irregularidades detectadas en Petrobras han salpicado a una veintena de empresas privadas y a medio centenar de políticos, en su mayoría de la base de apoyo al Gobierno de Rousseff.
Las corruptelas y una economía en recesión se han combinado para generar una delicada crisis política que derrumbó la popularidad de la presidenta, reelegida el año pasado, a mínimos históricos que dos recientes encuestas situaron en un 8 %.
