Política

Excedente concedido por usucapión a agroganadera vale USD 15 millones

Cada una de las 2.491 hectáreas fue valuada en 6.000 dólares en una tasación realizada en el 2012 por un perito tasador. Las tierras se encuentran en General Resquín, Departamento de San Pedro.

Por Rino Giret

rgiret@uhora.com.py

Por lo bajo, las 2.491 hectáreas que la Justicia concedió en un juicio relámpago de usucapión a la Agroganadera Aguaray SA en el distrito de General Resquín, Departamento de San Pedro, se encuentran valuadas en 15 millones de dólares.

El valor de mercado de la hectárea en esa parte del país promedia los 8.000 dólares y no siempre se halla tierra disponible para la compra.

El perito tasador Fernando Andrada Nogués realizó en noviembre de 2012, a pedido del entonces juez Neri Joel Kunzle, la tasación del inmueble de 30.558 hectáreas que la Agroganadera Aguaray SA posee en el distrito de General Resquín y en el distrito de Ypehu, Departamento de Canindeyú.

La avaluación del perito tasador alcanzó 184.290.000 dólares, lo que en promedio equivale a 6.000 dólares por hectárea. Esto da una idea del valor comercial de las tierras que la agroganadera obtuvo mediante un juicio de usucapión que concluyó en siete meses, amparada en que hace más de 30 años tiene la posesión del excedente.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) reclama las 2.491 hectáreas alegando que se trata de un excedente fiscal, lo que no puede ser adquirido por usucapión, según ordena el Código Civil.

Agroganadera Aguaray SA posee un emporio agrícola-ganadero que se constituyó como sociedad en el 2005, pero que proviene de una firma similar del mismo nombre que fue creada en la década del 70. Su fundador y presidente es Emilio Evaldo de Araújo, un brasileño que llegó al país hace más de 40 años e invirtió en la compra de tierras. Reside entre San Paulo y Paraguay.

La historia. En el 2009 la Comisión de Sintierras de Aguaray denunció ante el Indert que dentro del inmueble de la agroganadera existían tierras de origen fiscal.

En julio de ese año se inició, a pedido del ente agrario, un juicio de mensura sobre la propiedad de la agroganadera, que se tramitó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 8° Turno de la Capital, por entonces a cargo de Neri Joel Kunzle, quien designó como perito agrimensor a Filemón Melgarejo, funcionario del Indert.

El 19 de noviembre de 2010, catorce meses después de que se iniciara la mensura, Kunzle emitió la sentencia N° 1000 por la que estableció la existencia de un excedente de 2.491 hectáreas, dentro de las 30.558 hectáreas que fueron mensuradas y que se encuentran en posesión de la agroganadera. La sentencia estableció que la firma presentó títulos por 28.066 hectáreas, lo que dejó al descubierto la existencia del excedente de 2.491 hectáreas.

Por alguna razón, hasta hoy misteriosa, el juez de la causa no declaró en su sentencia de forma taxativa y clara que la porción de tierra sin título es de origen fiscal, tal como establece el Estatuto Agrario en su capítulo referente a excedentes fiscales.

En su artículo 104, el Estatuto Agrario dice que el juez debe declarar como tierra fiscal el excedente y ordenar su inscripción a nombre del Indert. Como Kunzle no hizo esto, el ente agrario nunca pudo registrar e inscribir a su nombre el excedente y las 2.491 hectáreas quedaron en una suerte de limbo jurídico.

el otro juicio. Un año después de la confusa sentencia de Kunzle, el 19 de diciembre de 2011, la Agroganadera Aguaray SA promovió una demanda de usucapión en contra de la firma que le había vendido parte de las tierras, Ganadera Ypoa, alegando que desde 1977 se encuentra en posesión de las 2.491 hectáreas y que no se trata de un excedente fiscal, sino de tierras que el Estado ya había transferido en 1889 al general Bernardino Caballero.

La demanda fue tramitada ante el juzgado del cuestionado Silvino Delvalle, por entonces juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Capital.

Para justificar la demanda de usucapión, los abogados de Agroganadera Aguaray SA, César Núñez Alarcón y Fausto Portillo Lugo, presentaron al juez la mensura realizada por el agrimensor del Indert, que detectó el excedente.

El 31 de agosto de 2012, siete meses después, descontando la feria judicial de enero, Silvino Delvalle dictó la sentencia N° 738 por la que hizo lugar a la demanda de usucapión y sin titubeo alguno ordenó al Servicio Nacional de Catastro y a la Dirección de Registros Públicos registrar e inscribir el excedente a favor de la agroganadera.

Dos semanas después, el 13 de setiembre, Catastro registró el inmueble y el 19 del mismo mes Registros Públicos inscribió el excedente a nombre de Aguaray SA, con las matriculas 1375 al 1378. El círculo se había cerrado.

Las 2.491 hectáreas de excedente hoy se encuentran mecanizadas y alambradas por la agroganadera, manejada por brasileños.

El Indert sigue librando en el Poder Judicial una truculenta guerra legal por el excedente, con pronóstico nada alentador.

Silvino Delvalle fue destituido el 13 de setiembre del año pasado por otro caso, por parcialidad manifiesta e ignorancia de las leyes.

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