Desde Paraguay, donde ejerce como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad, Moreno alegó en una entrevista con Ecuavisa las dificultades y el riesgo médico que le supone viajar cada dos semanas a Ecuador para hacer acto de presencia, como ha pedido el juez.
Consultado sobre la posibilidad de pedir el asilo, el ex presidente indicó que lo está consultando con su abogado y recordó que en varias ocasiones ha tenido que ser hospitalizado por sangrados internos producto de movimientos involuntarios, algo que puede darse en el transcurso de un viaje en avión.
El ex mandatario señaló que la comparecencia periódica dictada por el juez Adrián Rojas, de la Corte Nacional de Justicia, es más humana que la solicitud de la Fiscalía, que demandaba el arresto domiciliario.
La fiscala general, Diana Salazar, señaló durante la formulación de cargos que la conveniencia de que los 37 imputados en el proceso pasasen a prisión preventiva, pero la Constitución lo impide para personas mayores de 65 años, como es el caso de Moreno.
Al ex presidente la Fiscalía lo acusa de haberse beneficiado presuntamente con su familia de supuestos sobornos pagados por la empresa estatal china Sinohydro por la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país.
El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucra a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.
En ese informe periodístico se revelaron una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa “offshore” INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador, durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017).
El exgobernante ha negado tajantemente esa denuncia y ha sugerido que esta obedece a una estrategia política de Correa, su principal detractor, quien reside en Bélgica y que ha sido condenado en 2020 por la Justicia ecuatoriana por cohecho en otro caso de corrupción.
También ha negado tener algo que ver con la vivienda en Alicante así como con los mecanismos con los que se financió la construcción de la central hidroeléctrica.
