Asimismo, el renombrado abogado y ex juez penal Jorge Bogarín asumió la defensa de los dirigentes campesinos que también están imputados por el presunto perjuicio al Estado. Se trata de los representantes de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp) que recibieron los millonarios montos del Ministerio.
Mañana debe presentarse ante el Ministerio Público para una declaración indagatoria Víctor Ramírez, también imputado por supuestamente no realizar los trabajos de verificación para que el dinero desembolsado por el Ministerio llegue a destino. La audiencia será a la 9.00 en la Fiscalía Anticorrupción.
La imputación señala que los desembolsos hechos por el MAG a favor de la organización tenían como destino la asistencia a comunidades campesinas. Según la investigación fiscal, se liberaron los fondos sin que exista un plan de factibilidad del proyecto de la Fenaprofhp y, finalmente, el dinero no llegó a las comunidades de agricultores.
DEFENSORES. “En total vamos a representar y vamos a poner a disposición al señor Enzo Cardozo, Maristela Azuaga, Marcela Fleitas, Javier Luna Pastore, Alberto Riquelme y Rody Godoy”, comentó el abogado Caballero ayer en el Poder Judicial.
“Nos ponemos a disposición de la Fiscalía, de tal forma de acompañar toda la documentación que el Ministerio Público requiera. Queremos transparentar la gestión. (...) Ya estamos evaluando el caso de la fianza, ya que el monto que solicita el Ministerio Público es la totalidad del monto por el cual se les imputó y no estamos de acuerdo”, añadió el ex ministro del gobierno de Federico Franco.
Por su parte, el abogado Jorge Bogarín se presentó ayer en la secretaría de la fiscala Criscioni para informar que asumió la defensa del presidente de Fenaprofhp, Silvio César Riveros Morínigo, el vicepresidente Lidio Esteban Irala Ledesma, Alcira Arzamendia e Ignacio Acuña Ramírez. Todos ellos guardan prisión preventiva.
Además de los ya citados, en esta causa se encuentran imputados Luis Eduardo López, Luis Guillermo Piccardo Martínez, Heriberto Huerta Denis, Mariza Mendoza de Vera, Pedro Ibáñez, Marcelo Alonso, Augusto González, Emilio Daniel Ferreira, Jorge Ovelar Dacosta, Gustavo Amarilla, Alberto Ignacio Aquino Ocampo, Cecilia López Romero, Ceferino López Romero y Manuel Gaona.
La mayor parte del dinero que supuestamente fue desviado durante las administraciones de Cardozo y Godoy proviene del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).