La plana mayor de la otrora Secretaría de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Setama) renovó sin oposición el permiso de explotación de itinerarios a tres empresas del transporte público que adeudaban –todas juntas– un total aproximado de USD 8 millones al Banco Nacional de Fomento (BNF). Así lo había denunciado el abogado Carlos Brañas, entonces consejero de la Setama en representación de la Gobernación Central.
El 27 de julio de 2012 ingresó su denuncia a la Contraloría General de la República (CGR), donde quedó cajoneado en el despacho del ex contralor Óscar Velázquez Gadea.
Recién en julio de 2015 cuando se lo corrió por el escándalo de la “Secretaria vip”, salió a luz el expediente que lleva el número 21.958.
No se investigó porque “nunca se dio trámite” a la denuncia. La Dirección de Relaciones Institucionales (DRI) de la CGR concluyó, a su vez, que esa causa “prescribió” por haber transcurrido tres años.
“Podían convocarme, pedirme ampliación de declaratoria. Aunque no están obligados a informarme lo que pasó. Hasta donde sé el Ministerio Público ni el ex Procurador General de la República, Pedro Rafael Valiente Lara, no movieron un dedo”, lanzó Brañas.
impunidad. La denuncia presentada por Brañas alcanzaba a Hugo Piccinini, asesor de la Presidencia de la Junta Municipal de Asunción; Basilio Núñez, de la Asociación de Municipalidades del Área Metropolitana (Amuam), Óscar Venancio Núñez, entonces gobernador del Departamento de Presidente Hayes y Juan Carlos Aveiro, del Centro de Empresarios del Transporte (Cetrapam). Todos ellos dejaron sin efecto, en el 2010, los decretos 7506/00 y 7805/00 que dispone: “A las empresas morosas del BNF no se les renovará el permiso o concesión para la explotación de sus correspondientes itinerarios”.
Pese a adeudar millones de dólares, siguieron operando las empresas Curupayty SRL, Línea 12, con un clavo de USD 700.000; Automotores Guaraní SA, Línea 15, debía USD 4.400.000, y la firma Ykua Sati SRL, Línea 3, cuya deuda era de USD 2.700.000.
“Lo grave es que gracias a esa renovación del permiso, esas empresas pudieron percibir cerca de G. 1.000 millones en concepto de subsidio. Eso podría constituir lesión de confianza, un daño patrimonial al Estado como lo entendió el entonces presidente Federico Franco”, dijo al indicar que sugirió al ex mandatario emitir un decreto “prohibiendo que se transfiera un guaraní en concepto de subsidio a empresas morosas al BNF”.
Piccinini afirmó, a su favor, que sus firmas en Setama las hizo con informe y dictamen de asesoría jurídica. “Lo que me acuerdo es que ese decreto se había recurrido”, apuntó.