Editorial

Evitar la utilización política en distribución de alimentos

Es realmente miserable la actitud de algunos dirigentes de seccionales coloradas que plantean hacerse cargo de la distribución de kits de alimentos para familias humildes en medio de la emergencia creada por la pandemia del coronavirus, con evidente tinte proselitista. Tampoco se debe permitir que intendentes y gobernadores que buscan la reelección se hagan cargo de repartirlos, porque tendrá el mismo efecto de manipulación partidaria. Hay que condenar severamente la actitud de los políticos aprovechadores y buscar canales más confiables, como la Pastoral Social o las organizaciones ciudadanas. En esta etapa de crisis, debemos dejar definitivamente atrás el país de la corrupción y del pokarêẽ.

Al parecer hay dirigentes políticos que aún no entendieron la gravedad de la situación que hoy están atravesando el país y la mayoría de los habitantes del planeta. Solamente así se pueden explicar planteamientos como el que realizó Miguel Sosa, presidente de la Seccional Colorada 22, quien propuso que los locales de la Asociación Nacional Republicana (ANR) se utilicen como bases desde donde distribuir los kits de alimentos que está empezando a proveer la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para las familias más carenciadas, que en muchos casos han quedado sin fuentes de ingreso ante el paro sanitario y la cuarentena impuesta por la pandemia del Covid-19 o coronavirus.

Esta práctica perniciosa, en la que el partido del Gobierno se adueña de los recursos asistencialistas del Estado –que pertenecen a todos los paraguayos– para buscar congraciarse y obtener el apoyo de los electores, era común en épocas de la dictadura stronista, y de muchas maneras se ha seguido manteniendo durante el periodo posterior.

Sin embargo, gran parte de la ciudadanía se ha ido mostrando cada vez más crítica contra esta perversidad, tal como muchos han expresado en estos días su repudio a través de las redes sociales en internet y los medios de comunicación, ante la intención del seccionalero Sosa y de otros políticos. Hasta el propio ministro secretario de la SEN, Joaquín Roa, amenazó con renunciar a su cargo si se permitía la instrumentalización en un momento en que la situación ya no puede tolerar este tipo de abusos.

Otros casos lamentables que despertaron la indignación ciudadana fueron los protagonizados por los precandidatos colorados a la intendencia de Asunción, el concejal Julio Ullón y el diputado Hugo Ramírez, quienes también manifestaron su intención de involucrarse en el reparto de los kits de alimentos, asistiendo incluso a reuniones en el local de la SEN.

Igualmente, causaron mucha molestia el gesto del diputado colorado por el Departamento de Amambay, Juan Acosta, quien salió a repartir víveres por cuenta propia en sectores humildes de la ciudad de Pedro Juan Caballero, vestido con los colores de su partido, o el del imputado legislador por Paraguarí, Tomás Éver Rivas, quien donó un aire acondicionado a los médicos y a las enfermeras de Paraguarí, publicitando el acto con un evidente efecto proselitista.

De hecho, no se debe permitir que intendentes y gobernadores que buscan la reelección en los próximos comicios se hagan cargo de repartir los kits de alimentos ni ningún otro tipo de ayuda estatal, porque tendrá el mismo efecto de manipulación partidaria.

Hay que condenar severamente la actitud de estos políticos aprovechadores y buscar canales más confiables para realizar la distribución de las ayudas, como recurrir a los canales de la Pastoral Social de la Iglesia Católica –que tiene mucha experiencia asistiendo a personas ante las emergencias– o las organizaciones ciudadanas debidamente reconocidas por su buen trabajo social.

En esta etapa de crisis, debemos dejar definitivamente atrás el país de la corrupción y del pokarê.

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