El diputado Derlis Maidana, presidente de la Comisión, dijo que luego de escuchar sus argumentos, se emitirá un dictamen.
Posteriormente, podrá ser tratado ante el pleno.
Samaniego afronta una causa por difamación y calumnia, encarada por la ciudadana Sara Raquel Prieto Ozuna, quien denunció que fue agredida por el legislador durante un incidente en el estadio Defensores del Chaco, en abril pasado, en un partido de fútbol, donde la mujer prestaba servicios en el área de recepción de hinchas. Por esto, se pidió su desafuero, pero el diputado apeló el pedido e impidió que sea tratado en comisiones.
El legislador de Paraguarí, por su parte, dijo que el juez Elio Rubén Ovelar comete una irregularidad al solicitar su desafuero, alegando que solo debería citarlo a una audiencia conciliatoria. También afirmó que fue la mujer quien lo trató mal a él y a su hijo.
Otro caso. Samaniego también es investigado aunque sin imputación, por una denuncia de vaciamiento de la Municipalidad de Quyquyhó, Departamento de Paraguarí, cuando era intendente.
El diputado ya presentó varias chicanas para dilatar la causa.
A fin de año, tras la última recusación que su defensa presentó contra la fiscala Marlene González, logró que finalmente la agente sea apartada y en su lugar fue designado el fiscal anticorrupción Luis Said.
Samaniego ni siquiera perdió sus fueros, por tanto, no fue imputado y este marzo el caso ya cumple dos años.
Un grupo de concejales del distrito de Quyquyhó, denunció a Samaniego en marzo del 2018 por el hecho punible de lesión de confianza. El parlamentario oficialista fue intendente de la ciudad por dos periodos, desde el 2010 hasta el 2017, y renunció para trabajar por su candidatura a diputado.
Según la denuncia, vació los fondos municipales y dejó un faltante de G. 10.000 millones, confirmado mediante una auditoría externa.