Godoy renunció a la titularidad de la Defensoría del Pueblo el pasado 28 de setiembre, luego de que el movimiento Honor Colorado, que era el único que lo sostenía, le soltara la mano y anunciara su apoyo a un eventual juicio político en su contra, que era planteado en Diputados.
A pesar de la sarta de denuncias en su contra, el ex defensor se muestra despreocupado en las redes sociales. “Pausa para la persecución, pero sin cargo estaré más fuerte”, escribió Godoy el pasado martes en su página de Facebook seguido de unos emojis, denotando mucha tranquilidad. Y esto, debido a que hasta la fecha no se tuvo novedades de la Fiscalía sobre su caso.
Recordemos que el Ministerio Público tiene en curso una investigación sobre el supuesto delito de exacción que es atribuido al ex defensor, en una denuncia formulada por la abogada Diana Vargas el pasado 30 de agosto.
COBROS ILEGALES. La denuncia de la abogada refiere que más de 4.000 objetores de conciencia fueron persuadidos para abonar una contribución que no tenían la obligación de pagar.
De acuerdo con el escrito, el ahora ex defensor realizó una interpretación “antojadiza” del artículo 21 de la Ley 4013/10 –que reglamenta la objeción de conciencia– “con el único fin de recaudar ilegalmente”. Dicho artículo indica que solo se podrá cobrar a aquellos que se declararon objetores antes de la entrada en vigencia de la Ley (2010) y no quieren realizar el servicio civil. Las personas que llegan a la edad en la que deben cumplir el servicio militar obligatorio, pero prefieren declararse objetores, no están obligadas a pagar.
En un informe a la Cámara de Senadores, la Defensoría del Pueblo reveló el cobro de la contribución, desde mayo de 2019.
En el documento constan los datos del primer joven que realizó el pago. Este, tenía entonces 20 años, según se expuso en el libelo acusatorio que se había presentado en Diputados para enjuiciar políticamente a Godoy. “Si en el año 2019 tenía 20 años, en el año 2010 apenas tenía 11 años, por lo que no pudo haberse declarado objetor de conciencia a esa edad”, señala una parte del libelo, el cual finalmente no pudo ser tratado, debido a la renuncia previa del ex funcionario.
La investigación fue asignada al agente del Ministerio Público Jorge Arce. Sobre la actuación fiscal, solo se supo de unos pedidos de informes a la propia Defensoría del Pueblo como a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores; esta última, debido a que anteriormente era donde los jóvenes dejaban constancia de su objeción de conciencia.
Diputados que habían planteado el juicio político a Godoy esperan avances en la investigación fiscal, y que la misma no quede en la nada.
COIMAS. ÚH había divulgado varios audios filtrados de gestores, dejando en descubierto todo un esquema de coimas alrededor de indemnizaciones a víctimas de la dictadura.
En dichos audios se mencionan pagos por resoluciones a quien fuera director general de Gabinete de la Defensoría, Carmelo Núñez.
Justamente, el manejo arbitrario de estas indemnizaciones era una de las causales para el juicio político a Godoy. Según el libelo, su administración mostraba una “preferencia” para resolver recursos de reconsideración con respecto a montos ya otorgados, por sobre pedidos aún sin resolución.
La abogada Diana Vargas había acusado a Godoy de montar un “esquema de gestores” que solamente se dedicaban a tramitar dichas reconsideraciones. “Es un negocio muy grande”, había expresado.
El actual defensor del Pueblo, Rafael Ávila, adelantó a ÚH que ya detectaron irregularidades en torno a expedientes de víctimas de la dictadura.
CONTRATOS PARA AMIGOS. Este Diario también evidenció que Godoy obvió procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas para contratar de manera directa, haciendo uso de la caja chica de la institución, los servicios de empresas vinculadas a funcionarios de su entorno inmediato.
La propia Contraloría General de la República (CGR) cuestionó a Godoy el uso de la caja chica para dichas contrataciones.
Estos son solo algunos de los varios hechos de corrupción que se le atribuyen al ex defensor, y que el Ministerio Público también debería investigar.
Por otra parte, Miguel Godoy cuestionó a través de sus redes sociales a quien asumió en su reemplazo, por supuestamente contratar para auditar su gestión a gente que él echó. “Que audite mi gestión la Contraloría como ya lo hizo. O una entidad independiente”, escribió el cuestionado ex defensor en su página de Facebook.