En medio de una desorganización debido al cambio del lugar de la reunión, la intendenta de Ciudad del Este, la cartista Sandra McLeod de Zacarías, esquivando respuestas, realizó ayer su descargo en una audiencia que se desarrolló entre el hacinamiento de los periodistas acreditados a la Cámara de Diputados, los funcionarios de la sede parlamentaria y los colaboradores de la jefa comunal. McLeod se reunió con la comisión especial que estudia el pedido de intervención de la Comuna esteña, aseguró que todas las acusaciones en su contra son falsas y que no renunciará a su cargo porque cree en el estado de derecho.
Dentro de ese alboroto incluso algunos diputados miembros de la comisión se vieron imposibilitados de acceder a sus respectivos lugares para participar del encuentro.
McLeod contestó –aunque en la mayoría de los casos lo hicieron sus asesores– sobre las acusaciones presentadas por los concejales municipales no sin antes advertir que su defensa la haría basada solamente en las publicaciones de los medios de comunicación, debido a que supuestamente no le remitieron los documentos con las causales establecidas para la intervención.
Esto fue desmentido por el diputado liberal Antonio Buzarquis, quien mencionó que con la invitación cursada a la intendenta le remitieron las 15 acusaciones en su contra.
Tal como lo hicieron los concejales, la jefa comunal fue presentando su defensa punto por punto y más bien fueron los asesores quienes respondieron los cuestionamientos. La intendenta estuvo durante dos horas con los parlamentarios y fue justamente su correligionario Basilio Núñez, miembro de la comisión, quien se ocupó de defenderla en varias oportunidades, comparando su caso con la Municipalidad de Asunción, hecho que llevó a que el patriaqueridista Sebastián Villarejo se preguntara si era Ciudad del Este o Asunción el municipio sobre el cual pesaba el pedido de intervención.
CAUSALES. Sobre el primer punto de las acusaciones, la supuesta malversación del impuesto inmobiliario de más de G. 36.000 millones, McLeod dijo que es “una tremenda barbaridad, totalmente falsa” y que desconocía de dónde salieron esos números. Mencionó una acción de inconstitucionalidad planteada por el Municipio a su cargo sobre dos artículos de la Ley Orgánica Municipal. Aseguró que Ciudad del Este es el Municipio con mayor inversión en el país.
En cuanto a la falta de remisión de documentos respaldatorios de su ejecución presupuestaria, sostuvo que se enviaron a la Junta Municipal fotocopias autenticadas sobre los rubros solicitados por los concejales, pero no sobre el 100% de la ejecución.
Ante la denuncia de irregularidades en la ejecución de tributos del estacionamiento tarifado, Sandra y sus asesores indicaron que se trató de un simple error, pero que fue subsanado en su momento. “Se realizó una imputación errónea de este rubro, y luego se procedió a la imputación contable correcta”, argumentó.
Los ediles habían denunciado que en el ejercicio fiscal 2016, el monto total percibido era de G. 434 millones y en el 2017 trepó a G. 2.723 millones.
McLeod pidió a los diputados la posibilidad de una nueva reunión para responder a los cuestionamientos con mayor solvencia, según dijo.
Opinión
Sobrino de Sandra realizó denuncias
El sobrino de Sandra McLeod, el concejal Alejandro Zacarías, hijo del diputado Justo Zacarías, fue uno de los acompañantes de la intendenta y criticó fuertemente a sus 7 colegas que aprobaron el pedido de intervención. Dijo que los documentos presentados en la solicitud fueron adulterados. Indicó que desde el cambio de reglamento hasta las acusaciones no se hicieron de la manera correcta.