En los últimos días se observaron grandes influencias políticas sobre todo en los organismos extrapoder, como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), con el diputado David Rivas, y el Ministerio Público, con la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, instituciones donde el cartismo conformó una red y que junto con el nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia César Diesel constituyen un tridente de alianza.
El juez de Apelación Penal, Primera Sala, Pedro Mayor Martínez, manifestó la necesidad de garantizar la independencia del Poder Judicial para que los derechos ciudadanos sean protegidos. Indicó que el componente político en los órganos de control de jueces y fiscales afecta de forma negativa.
“Es un hecho que en un órgano de control jurisdiccional, como en este caso se constituye el JEM, el componente político incide negativamente por la forma y sobre todo la casuística o la tipología que permite a este órgano resolver enjuiciar o no a un magistrado”, apuntó.
Mayor Martínez expuso además la preocupación del sector por la incorporación reciente del diputado Rivas al JEM, ante las dudas sobre su titulación como abogado, la forma en la que fue designado y su aparente falta de experiencia.
“Lo del miembro diputado que ingresa a un órgano de control judicial nos preocupa seriamente puesto, que es como ser sometido en estos momentos a una operación a corazón abierto por quien acaba de recibirse de una universidad de medicina”, resaltó el magistrado.
Igualmente, el juez destacó que, además, la denuncia contra quienes investigan y juzgan se volvió una herramienta para apartar del camino a oponentes.
“Se presta a que cualquier contraparte que pretenda apartar a un juez o fiscal cuestione su credibilidad y lo denuncie ante el JEM. Entonces hoy es una práctica constante buscar apartar a quien investigue o a quien juzga utilizando los mecanismos de la denuncia ante un órgano de control que también tiene facultades muy amplias, constituido por miembros políticos, entonces hay como problemas en ese punto de vista”, expresó.
Pero para Mayor Martínez es el sistema el que permite esta situación. “El esquema político puede buscar a través de la corporación política incidir en un órgano de control judicial propiciando o instigando eventualmente a la apertura de investigaciones y eso podría constituirse también en una suerte de control directo o indirecto.
Por ese motivo, el magistrado insistió en que es necesario modificar normativas y en caso de darse una reforma constitucional, proponer que el sistema de control ya no recaiga en un organismo extrapoder sino que pertenezca a la misma corporación, como sucede incluso con la Policía Nacional. Pero que los miembros sean profesionales, recalcó, en referencia a la duda sobre el trabajo de Rivas.
Finalmente, añadió que desde el Poder Judicial ya se cuenta con formas internas de control como lo son los tribunales superiores; mencionó también filtros como el Consejo de la Magistratura, el Tribunal de Ética y otros.
Habló de reconfigurar las causas por las que el JEM puede juzgar. “No podemos permitir que se haga un enjuiciamiento de un juez o fiscal sin que los tribunales superiores hayan procedido primero a un control de actuaciones. Hasta qué punto vamos a estar jaqueados porque pensamos diferente, porque puede ser que el sistema político piense diferente”, concluyó.
Justicia puede convertirse en brazo armado, apuntan
El abogado especializado en derechos humanos, ex procurador del Estado y ex ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, Gustavo Lino Adrianzén, había expuesto en entrevista con Última Hora la necesidad de que la política sea apartada de la Justicia, en vista de que quienes manejan los hilos de poder quieren conservar sus privilegios, que fue lo que hizo este país luego de que se hayan filtrado audios, como en el caso paraguayo, de jueces y fiscales “vendiendo” puestos para beneficio de sus aliados.
“Cuando los políticos controlan la Justicia, la convierten en un brazo armado contra sus opositores y se produce el fenómeno de la judicialización de la política”, definió.
Remitido a la vivencia peruana, mediante la presión social y voluntad política de los gobernantes se logró, en alrededor de diez meses, desmantelar el Consejo Nacional de la Magistratura, equivalente al JEM a nivel local, luego de develarse audios que causaron indignación, y se creó un nuevo órgano constitucionalmente autónomo, la Junta Nacional de Justicia, sin nexo con el Congreso de la República.
A diferencia de esta nación, Paraguay no ha notado grandes cambios luego de que se filtraran audios de conversaciones de agentes políticos, jueces y fiscales intentando curvar procesos penales.
