Según los datos, en el banco privado se utilizaba un procedimiento contable destinado a evitar el reconocimiento de pérdidas, reversando las partidas correspondientes y llevándolas incorrectamente al activo, obteniendo con estos movimientos una dispersión de los saldos, cada fin de mes, entre varios rubros.
En líneas generales, el esquema operaba de la siguiente manera: Inicialmente, los gastos o pérdidas generadas en la actividad de la entidad eran registradas de manera automática en las cuentas de resultado correspondientes (cuentas de pérdida).
Posteriormente, el contador de la entidad bancaria procedía a realizar un asiento manual y desafectaba las partidas imputadas en pérdida, para registrar dichos saldos en cuentas de créditos diversos, donde en realidad se acumulaban partidas de pérdidas que se denominan extornadas.
A fin de mes, las pérdidas acumuladas eran distribuidas incorrectamente en varias cuentas del balance (activo y pasivo) por el contador, utilizando para el efecto rubros contables que presentaban mucho movimiento, a fin de que no llamen la atención, y no generen una señal de alerta en los reportes de seguimiento, en el balance de fin de mes.
En los primeros días del mes siguiente, el contador realizaba la reversión de los asientos y se devolvían las partidas pendientes a la cuenta de créditos diversos, permaneciendo allí hasta los últimos días del mes. Este mecanismo era utilizado para burlar los controles del cierre de cada mes.
Los registros incorrectos que realizó el banco en el activo del balance y que en realidad correspondían a partidas contables de pérdidas, fueron relevantes, ya que afectaron la veracidad de los estados contables, así como la situación real del patrimonio, la situación financiera, de riesgos y los resultados de su actividad, señala la resolución.
A su vez, la resolución menciona que la entidad bancaria identificó pérdidas pendientes de reconocimiento por valor de G. 65.142 millones, cuyos saldos se encontraban distribuidos en cuatro rubros de su balance. Con los trabajos realizados por el equipo de supervisión asignado por el BCP, sin embargo, se pudo identificar la existencia de partidas adicionales que luego fueron incluidas.
Así, los ajustes realizados denotaron pérdidas de la entidad, por la suma de G. 82.574 millones, precisando una capitalización de G. 90.045 millones por parte de la entidad con el fin de restaurar los niveles de solvencia requeridos y habiendo utilizado inclusive el 100% de la Reserva Legal para absorber el impacto de las pérdidas, siempre conforme a los papeles oficiales.
Duda. La gran interrogante del caso se relaciona al rol de José Cantero, ex gerente general de Interfisa, en todo lo sucedido. Conforme con lo observado por los supervisores del BCP, los estados contables del banco correspondientes al año 2019 registraban movimientos contables asentados incorrectamente, ocasionando la imposibilidad de conocer la situación fidedigna del patrimonio, situación financiera y de riesgos de la entidad privada.
Efectivamente, la supervisión comprobó que los datos del 2019 eran incorrectos, debido a que los saldos acumulados arrastraban saldos incorrectos de años anteriores y que Interfisa fue acumulando en cada periodo siguiente a noviembre de 2016 los saldos de pérdidas pendientes de reconocimiento en el activo, lo que generaba resultados ficticios.
Entonces, si las malas prácticas datan del año 2016, no queda claro cómo o por qué es que Cantero no figura en el sumario, teniendo en cuenta que él se desempeñó como gerente general de Interfisa desde el 2014 al 2017 y pudo eventualmente estar en conocimiento de lo que en los documentos se describe como una estructura “armada y pensada”.
