De esos números resulta que solo unos 17.500 agentes policiales son los que se dedican a garantizar la seguridad de las personas y sus pertenencias en todo el territorio nacional.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que lo ideal es que haya 3,3 policías por cada 1.000 habitantes. El Paraguay, en cambio, solo cuenta con 1,2 agentes por cada 1.000 personas. Su déficit es de unos 15.000 policías.
Ya que el proceso de formar e incorporar a ese número ideal de efectivos policiales —y conseguir los recursos necesarios para poder mantenerlos— llevará aún mucho tiempo y atendiendo al incremento de las actividades de los delincuentes en los campos del narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, los problemas sociales, la deforestación, el abigeato y la inmigración ilegal, entre otros problemas que forman parte de los ejes de tareas de la Policía Nacional y constituyen una creciente amenaza para la seguridad de la población, se vuelve impostergable revisar la actual situación para poder ubicar a más uniformados en los lugares públicos en los que se requiere su concurso.
Siendo prácticos, lo que está dentro de las posibilidades reales de la institución es revisar caso por caso el mecanismo por el cual la Policía Nacional —a través de sus comisarías y puestos de vigilancia en todo el país, o directamente desde su administración central—, destina un elevado porcentaje de su personal para brindar protección a personas y bienes particulares, como a las instituciones públicas que bien pueden cuidar sus intereses con otros métodos de seguridad, contratando servicios y sistemas de vigilancia privada, por ejemplo.
En el caso de los que custodian negocios o casas de particulares, es obvio que la Policía no está para ese propósito. La única explicación de la existencia de esa perversa práctica es que los beneficiarios pagan por la protección que reciben, como se ha demostrado en diversas publicaciones de investigación periodística y en denuncias puntuales. De lo recaudado por este esquema de mafia policial, una mínima parte es destinada a un sobresueldo de los policías que hacen las guardias, mientras la parte del león va directamente a parar a las arcas de altos jefes policiales.
Desde todo punto de vista, este presunto servicio de seguridad —que nada tiene que ver con el interés general— debe desaparecer para que los efectivos policiales involucrados en él pasen a engrosar el número de destinados a proporcionar seguridad a la ciudadanía que paga al Fisco para ser protegida eficazmente. De paso, se anulará un foco de corrupción.
Es de esperar que el nuevo ministro del Interior, Euclides Acevedo, posea las agallas suficientes como para estudiar con sus asesores y la misma Policía Nacional este espinoso tema, tomando la determinación de poner punto final a un mecanismo que ofende la razón e irrita a los desprotegidos.
