19 jul. 2024

Es inadmisible la negligencia del Estado para proteger a los niños

En el Paraguay los niños, particularmente los niños pobres, sobreviven en el abandono y expuestos a todo tipo de situaciones de violencia. Las leyes no garantizan que sus derechos sean realidad ni las instituciones aseguran su protección y cuidado. En las últimas semanas han surgido casos que deberían haber hecho reaccionar a la comunidad tanto como a las autoridades. Es escandaloso el silencio respecto a la brutalidad de los abusos en niños. Cada caso de abuso con su carga de impunidad debe interpelarnos a todos como sociedad.

A mediados de este mes se hizo conocido un hecho terrible que acontecía en un barrio en la ciudad de Caaguazú. Una pareja invitaba a niñas de familias humildes a desayunar cocido con galletas como excusa para que el hombre abusara de las pequeñas de entre 4 y 11 años, mientras su cómplice observaba el hecho.

El abuso se repitió en varias ocasiones y solamente fue conocido cuando algunas de las víctimas tuvieron que ser atendidas en un hospital al presentar sangrados.

Según la información que proporcionaron los investigadores, los abusadores les entregaban una suma de G. 2.000 a G. 3.000 y les amenazaban para que no comentaran el hecho. En total sumaron nueve víctimas y no se descarta que existan más. Las detenciones se produjeron cuando una vecina, quien se alarmó al oír gritos, encontró al abusador en el acto junto a su hijastro, a la vista de su pareja.

La mujer de 54 años, su pareja de 53 y el hijo de 21 fueron detenidos y luego imputados por abuso sexual en niños, que tiene una pena mínima de cárcel de 20 años.

Poco tiempo después de conocerse este escalofriante caso de abuso, una investigación realizada por Telefuturo sacó a la luz pública otro terrible y lamentable suceso, que esta vez involucra al microtráfico y explotación sexual de indígenas menores en situación de calle. Se trata esta vez de algunos hechos de violencia cometidos por nativos adolescentes que habían sido expulsados de la comunidad Maká de Corumbá Cué, de Mariano Roque Alonso.

La investigación periodística dejó al descubierto el sistema de captación de indígenas adolescentes por parte de los traficantes de drogas para la comercialización de dosis de crac en la zona. Y fue precisamente la situación de abandono en que deambulan por el barrio los nativos niños y adolescentes la que fue registrada por el Clan Rotela, que pasó a reclutarlos como distribuidores de droga en el barrio.

Las calles y caminos del barrio Corumbá Cué, así como sus baldíos, presentan a diario un panorama desolador, en el cual se ve a menores indígenas adictos durmiendo en plena calle, inconscientes y bajo los efectos del crac.

El negocio de los Rotela funciona con los nativos recorriendo con mochilas o bolsos y a la vista de todos los residentes, ofreciendo y vendiendo sus mercancías. Las ganancias de la venta de la droga se rinden a los miembros del grupo delictivo, que opera desde la cárcel y tiene dominada la zona.

Según datos de la Fiscalía, de enero a agosto de este año, hubo un total de 2.380 reportes de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, cifras que son de por sí alarmantes, sin mencionar que además el crimen organizado utiliza a la niñez más olvidada y desprotegida del país para multiplicar las ganancias que obtiene de sus negocios ilegales.

Este tipo de abuso conforma, sin dudas, una de las peores formas de violencia, pues atenta contra la integridad y la dignidad del ser humano.

Estas dolorosas situaciones son denunciadas y salen a la luz pública con lamentable frecuencia, pero nunca causan ningún tipo de terremoto a nivel del gobierno; así como tampoco las autoridades encargadas del tema Niñez o de Justicia han sido interpeladas para asumir su responsabilidad.

Las terribles condiciones de sobrevivencia de los niños y las niñas, especialmente cuando viven en la pobreza extrema, sin cuidados, sin protección, sin acceso a salud ni a la educación, son un recordatorio permanente de la negligencia del Estado paraguayo para proteger a sus niños: Gobierno y sociedad deben involucrarse activamente en la defensa y el cuidado de los niños.

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