Resulta irónico. Cuando fue directora del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), la actual ministra de Justicia y Trabajo, Sheila Abed, ayudó a redactar el proyecto de ley de acceso a la información pública y desde el Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI) fue una de las que más lucharon para que el Estado abra sus datos a la ciudadanía.
Ahora que se desató la llamada “primavera informativa”, la ministra fue una de las funcionarias estatales “escrachadas” en la prensa. El miércoles último, un título a seis columnas, en la página 48 de Última Hora, decía: “Abeb percibe por bonificaciones más de 13 millones de guaraníes”, remarcando que cobra 5 millones más que el propio ministro del Interior.
Sheila acabó siendo víctima de su propia criatura, pero seguro igual está feliz por todo lo que se está logrando. Son las deliciosas contradicciones de esto que llamamos democracia.
El relevante proceso que 22 organizaciones de la sociedad civil y dos heroicos ciudadanos pioneros, como Daniel Vargas y Félix Picco, habían iniciado hace casi una década, pudo acelerarse en los últimos meses, a partir del pedido formal que las periodistas Diana González y Lizza Paredes hicieron a las autoridades del Congreso Nacional, para que den a conocer la lista de funcionarios de ambas cámaras, con sus respectivos salarios.
Es irrelevante discutir si el “open data” (datos abiertos) en versión guaraní es mérito de la prensa o de los ciudadanos. La prensa no debe ser otra cosa que una expresión de la ciudadanía, y en este caso los esfuerzos se sumaron y potenciaron para un objetivo común.
El vendaval de datos que sobrevino nos tomó casi por sorpresa, y reveló también que muchos periodistas y editores de medios debemos capacitarnos mejor en el manejo de las herramientas tecnológicas, en la filosofía del open data y el cruzamiento de datos en computadoras.
Probablemente se cometieron y se seguirán cometiendo algunos excesos a la hora de procesar y difundir tanta información. Es lo que suele ocurrir cuando durante tanto tiempo se ocultan cosas, y de pronto se saca el tapón, y todo sale a flote. La propia Secretaría de la Función Pública (SFP) ya advirtió sobre el riesgo de generalizar y tildar a todos los funcionarios estatales de delincuentes, sin haber comprobado que efectivamente se hayan cometido delitos de nepotismo.
Tanto desde la sociedad como desde la prensa habrá que aprender a manejar con equilibrio y responsabilidad la delgada línea roja entre la transparencia y la cacería de brujas, sea por revanchas políticas o personales. Pero es seguro que la sociedad en conjunto saldrá favorecida y fortalecida de este proceso, permitiendo revelar –como en la fábula– que el rey está desnudo y había sido no es tan impune y poderoso.