Este reclamo fue el detonante para una serie de eventos que terminaron con la orden de una jueza que obligó a que la inscriban para este año lectivo 2020 que comenzó el viernes pasado.
Algo tan básico como el derecho a la educación para todos y todas no puede seguir siendo tema de discusión en el país. No importa si se trata de una escuela pública, privada o privada subvencionada. Todos tienen, todos tenemos el derecho a acceder a la educación a lo largo de toda la vida.
Fuimos testigos de que seguimos en lo mismo cada inicio de clases, cada año. Escuelas que se caen, en riesgo de derrumbe. Promesas de mejoras que ya cumplen cinco años, como en el colegio público Juan Ramón Dahlquist, donde ya pasaron tres intendentes, cuatro ministros de Educación y dos presidentes de la República sin que ninguno cumpla.
En una ronda de preguntas, profes del Dahlquist nos comentaban y decían que para que una transformación educativa pueda tener resultados positivos, debe empezarse primero por lo más básico: La infraestructura de los centros escolares.
Esta postura puede ser discutible, uno puede estar o no de acuerdo.
Lo cierto es que ningún alumno ni profesor desea ni se merece una escuela en pésimas condiciones.
Este colegio recibe cientos de alumnos en su programa regular y también a adultos que ansían tener una segunda oportunidad para terminar la escolar básica o la media.
La mayoría debió salir del colegio en su momento porque tuvieron que trabajar.
La pregunta además es si es posible un año lectivo cargado de esperanza; confiando en mejor infraestructura y una transformación educativa.
Sobre todo, teniendo a figuras muy cuestionadas hoy al frente del Ministerio de Educación y Ciencias.
En un Ministerio que en la práctica está más lejos de las ciencias y más cerca del culto.
Un lugar donde cuesta creer en el sueño de la democracia y el fin de la transición cuando 31 años después de la caída de la dictadura homenajean a nefastos personajes, como Ortiz Ramírez, y a libros de esa época.
Con estos antecedentes es fácil de creer que debieron esperar una orden judicial para inscribir a una adolescente al colegio público.
Encima, el ministro Petta firma una nota donde condena las manifestaciones juveniles, asegurando que estas atentan contra la calidad educativa. Para empezar, ¿de qué calidad educativa habla?
Mencionando todo esto es fácil creer que las autoridades debieron esperar por una orden judicial para inscribir a una adolescente a un colegio público. En tiempos así, de tanta oscuridad, toca insistir más que nunca en que queremos una educación para la democracia. Una escuela para la libertad.
Lo ideal sería tener primero una visión país, pero siendo realistas, quizás lo más práctico sea apuntar a un cambio en la educación. Donde los profesores ya están hartos de contenidos desfasados; son conscientes los profesores de que ningún proceso de enseñanza aprendizaje cambia de paradigma cuando en el sexto grado los niños todavía tienen que hacer collage en la clase de Artes.
Las autoridades de hoy piensan como en el pasado. No aceptan las críticas, culpan a cualquiera y para mantenerse en el cargo piden perdón a la ciudadanía a través de algunos medios selectos.
No son capaces de dar la cara ni en una conferencia de prensa. ¿Esto acaso es democracia?
Por primera vez en mucho tiempo, las máximas autoridades mostraron tibias presencias en el inicio de clases 2020. ¿Será un equivalente del valor que ocupa la educación hoy día en la clase política? Suscribo las palabras de los jóvenes cuando ya no quieren autoritarismo en la educación: No más directores dictadores ni ministros que jamás aparecen en las mesas de trabajo, verdaderos enemigos de la sala de “clace”.
