El jefe comunal remitió dos notas en la que pide el control sobre el uso de los fondos de royalties y Fonacide, por separado, de los ejercicios 2019 y 2020. Además, la auditoría de los ejercicios fiscales de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Ambos escritos tienen fecha del 3 de junio, dirigidos al doctor Camilo Benítez Aldana, Contralor General de la República.
“La concreción del presente pedido, cuyo resultado servirá a la intendencia municipal tomar las acciones correctivas, si necesario fuere”, se menciona en la nota.
La decisión de solicitar la auditoría, según explica el intendente en un comunicado institucional, obedece a que se instaló dudas sobre su gestión al frente de la administración municipal por parte de los concejales opositores a su gestión. “Los puntos esgrimidos en la mencionada solicitud, manifiesta que, hubo varias irregularidades, esta situación, generó una serie de dudas en la ciudadanía en general”, señala parte del comunicado que agrega que con el pedido de intervención los opositores a la gestión del intendente Rojas “pretendieron dejar mal parado la figura del intendente, sin éxito”.
Insiste que con esta determinación busca “disipar cualquier duda” y acusa a sus opositores de intentar desestabilizarlo políticamente y dejarlo mal parado ante su familia. “Solamente buscan la desestabilización política, económica y social de la familia hernandariense”.
CUESTIONAMIENTOS. Son 14 puntos los cuestionamientos realizado por un grupo de concejales de la bancada de la oposición que impulsaron el pedido de intervención de la administración municipal de Rubén Rojas. Aseguran que son injustificables.
Entre los puntos se menciona la modificación del presupuesto 2020 sin autorización del legislativo, hecho que fue denunciando por la Fiscalía, arrendamiento irregular de solares municipales y supuesta existencia de planilleros.
El sector opositor alega que menos del 60% de los recaudado en impuesto inmobiliario se invierte en gastos de inversión lo que va de contramano a lo establecido por la ley orgánica municipal, además el 1%, de este mismo recurso y de la patente al rodado, no se destinó al Fondo Especial para pavimento de vía pública.
Además, hablan de un déficit de G. 288 millones en la transferencia al Concejo Local de Salud, retraso en la instalación de semáforos, concesión sin autorización de la Junta Municipal a la Clínica Buen Jesús para el servicio de evaluación sicofísica para la emisión de registro de conducir y la supuesta concesión irregular a Faoh Group SA para explotar el servicio de recolección de basura.
Otro cuestionamiento se refiere al depósito del 15% de la recaudación de impuesto inmobiliario a la cuenta de las gobernaciones fuera del plazo legal, entre otros.