Una fuerte disputa entre opositores y Poder Ejecutivo persiste a causa de la falta de voluntad política para transparentar los recursos de las binacionales. La resistencia del oficialismo se basa en el argumento de que tanto Itaipú como Yacyretá están regidos por tratados internacionales.
Sin embargo, el reclamo por que sean auditados los entes se fortalece en la oposición, que pide que se abran las puertas al control de los gastos sociales, sostenidos en la ley ya promulgada, que obliga que estos fondos sean destinados a Salud durante la emergencia por Covid.
La diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), manifestó que el rechazo al control de Itaipú y Yacyretá se debe a la corrupción. “No se puede controlar, según ellos, pero ellos sí pueden gastar como quieren y la ciudadanía no se debe enterar. También decían que no se podía usar para Salud. Abran la puerta al control del dinero de los paraguayos”, manifestó la legisladora.
El abogado José Casañas Levi consideró el control como fundamental para la democracia y señaló que es una falacia que las binacionales no pueden ser auditadas. “Es una falacia que la Contraloría no pueda auditar fondos que corresponden a la República del Paraguay. Es mentira que se afecten intereses del Brasil. El control es uno de los pilares del sistema republicano y el Senado tiene esa atribución”, expresó.
El diputado Carlos Silva, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), indicó que, con la reglamentación, la ley de los fondos sociales quedó desvirtuada. “Desde el Parlamento sancionamos una ley de carácter imperativo para redireccionar los gastos sociales binacionales a salud. El decreto reglamentario echa por tierra toda intención o finalidad que tiene la norma”, reflexionó.
Por su parte, la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), detalló que el decreto reglamentario está lleno de falencias. “No define protección social, no describe el monto del cual se dispone, no explica en qué se gastó la plata, no establece protocolos y procedimientos de transparencia. En síntesis, tanto esfuerzo para nada”, sentenció.
Los gastos sociales de las binacionales están calculados en un monto anual de USD 150 millones y el Congreso dispuso que los recursos aún no comprometidos sean destinados a Salud Pública mientras dure la pandemia; no obstante, el reglamento del Ejecutivo no aclara el mecanismo ni revela la cantidad de dinero disponible, además, existe una gran resistencia de los dos entes para que sean controlados y transparentados los fondos.
Para la oposición, todo se trató de un juego para evitar el uso del dinero de las binacionales y que siga en manos del Partido Colorado.
INCONSTITUCIONAL. La campaña Itaipú 2023 Causa Nacional manifestó en un comunicado que la negativa del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a que la Contraloría audite los gastos sociales de las binacionales, es una violación a la Constitución Nacional y a los propios tratados de ambas entidades.
“Reclamamos la inmediata apertura de los entes, para que la Contraloría realice su trabajo”, expresa.
El titular paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, calificó como “el fin de los fondos sociales” a la ley por la que se obliga al Ejecutivo a que destine el dinero a Salud.
El decreto reglamentario echa por tierra toda intención o finalidad de la norma para regular los fondos.
Carlos Silva,
diputado del PLRA.
No se puede controlar, según ellos, pero ellos sí pueden gastar como quieren y la ciudadanía no se debe enterar.
Rocío Vallejo,
diputada del PPQ.