Sucesos
En la Municipalidad de La Colmena habrían desviado G. 100 millones
El fiscal habla de un esquema delictivo que usó documentos falsos para fundamentar los desvíos que supuestamente debían usarse para mantenimientos de vehículos y construcción de obras.
Los hechos –según la imputación– se produjeron en el periodo de 2015-2020, cuando Melgarejo estaba al frente de la Municipalidad. Hubo contratos de provisión de combustibles, reparación de maquinarias y otros que no se hicieron, según la denuncia.
Además del ex intendente, también fueron imputados funcionarios y ex funcionarios, tales como Darío Rubén Garay Jara (tesorero), Gladys María Centurión Rojas (secretaria general), José Augusto López (responsable de la UOC), Dora Adelaida Lezcano Cardozo (concejala) y Emanuel Satio Yamazaki Alvarenga (ex empleado).
Estos habrían trabajado con dueños de empresas para el supuesto desvío, como Teovaldo Ramón Cañete Varela (propietario del taller de Elastiquería San Ramón), Silvia Agostina Pedrozo Acosta (propietaria de la estación de servicios Copeg - Puerto Irala) y Marcelino Torres (propietario de Marcelo Construcciones).
Las nueve personas fueron imputadas por lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
ESQUEMA DELICTIVO. Todos estos habrían conformado un esquema que dejó un perjuicio patrimonial de G. 91.738.000.
“Mediante documentos incautados, se puede manifestar que existiría un esquema delíctivo para la comisión de fraude a la Municipalidad, diseñado a través de uso de figuras legales y administrativas con el fin de obtener beneficios en detrimento del erario público”, dice parte de la imputación.
Con la investigación se pudo determinar que el dinero desviado correspondía a los fondos de royaltíes, que debían ir a obras de construcciones y prestaciones de servicios.
Sin embargo, se firmaron contratos en los años 2016 y 2017, entre la Municipalidad de La Colmena y las empresas mencionadas para la provisión de combustibles, reparación y mantenimiento de maquinarias, además de otros ítems.
“Los particulares habrían sido adjudicados con contratos que no fueron ejecutados, como también libramientos de cheques sin respaldo documental que habrían sido cobrados por funcionarios municipales”, sostiene el documento.
Estos contratos no se hicieron por licitación, sino por la vía de la excepción y por contrato directo.
Los desvíos van así: Por adquisición de combustible para uso institucional, el perjuicio fue de G. 31.438.000.
En adquisición de servicios de reparación de vehículos y maquinarias, se habría desviado G 37.800.000 y en el supuesto mantenimiento de un tractor agrícola, el perjuicio ascendió a G. 22.500.000.
Piden medidas
El fiscal Silvio Corbeta solicitó que el juez de la causa les otorgue las medidas alternativas a la prisión y que se preste una caución adecuada por los G. 100 millones.Ahora el juez debe fijar fecha para la audiencia de imposición de medidas.Esta causa surgió con la denuncia de concejales que se dieron cuenta con una auditoría que los números de la administración anterior no cerraban.Luego, el fiscal hizo allanamientos, recabó informes bancarios y citó a testigos.
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