Por Sofía Masi
CIUDAD DEL ESTE
La intervención realizada a la unidad fiscal de San Alberto, departamento del Alto Paraná, revela serias irregularidades en los procedimientos realizados por los fiscales Rafael Ojeda y Julio César Yegros. El fiscal adjunto Eber Ovelar decidió aplicar medidas correctivas institucionales, pero no se descarta la remoción del representante del Ministerio Público Rafael Ojeda, quien registra la mayor cantidad de irregularidades cometidas.
La Unidad de Control de Gestión Fiscal del Ministerio Público, a cargo del abogado Jorge Lebedich, remitió el miércoles 2 el informe técnico con el diagnóstico final del desempeño de los agentes fiscales en el distrito de San Alberto.
Aproximadamente 50 causas relativas a hechos punibles de invasión de inmueble ajeno, ingresadas en el 2007 y 2008, fueron analizadas durante la medida indagatoria, a pedido del fiscal adjunto Eber Ovelar. La auditoría a la gestión de los fiscales Ojeda y Yegros fue dispuesta luego de denuncias presentadas por indígenas de San Alberto y miembros de la Coordinadora de Comisiones Vecinales de Chino Cué, Itakyry, en el que mencionan desalojos y allanamientos realizados en forma supuestamente irregular.
La realización de desalojos masivos sin la previa verificación de las denuncias y la veracidad de los títulos, la parcialidad en la actuación fiscal y la dilatación extrema de los procesos que derivaron en la extinción de varias causas son las principales irregularidades detectadas en la intervención.
Ante esta situación, el fiscal adjunto Eber Ovelar dispuso que ambos agentes fiscales ingresen al centro de entrenamiento del Ministerio Público, que consiste en dos meses de capacitación para la realización efectiva de procedimientos. “Esta es una medida meramente institucional que aplicaré teniendo en cuenta que en todos los expedientes existen irregularidades procesales que demuestran un total desconocimiento en la práctica fiscal. Exigiré que ambos asistan a los cursos y además remitiré un instructivo, debido a que pautas básicas no fueron realizadas en los procesos en los que se actuó de manera muy negligente”, dijo Ovelar.