En 2022 se agudizó la criminalización de la lucha por la tierra. En lugar de brindar protección y promover la calidad de vida de la población campesina e indígena, “el Estado solo da respuestas cada vez más violentas y punitivas”, resume el Informe sobre Derechos Humanos 2022, de la Coordinadora por los Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) al abordar este aspecto.
“El fortalecimiento de una política represiva sigue siendo la respuesta estatal a la problemática de la tierra”, resalta el análisis realizado por Lis García y Abel García, investigadores de Base Investigaciones Sociales.
No existen iniciativas institucionales que se dirijan hacia la democratización de la tenencia de la tierra en el país, además de la falta de un catastro para el saneamiento de las tierras que poseen doble titulación o que presentan título de origen dudoso, resaltan. “Se sigue privilegiando a las empresas, por encima de los derechos de las personas campesinas e indígenas en situación de vulnerabilidad”, denuncian.
Existe una sistemática persecución a comunidades indígenas, en los casos de Hugua Po’i y Ka’a Poty, así como la comunidad campesina Cerrito. “Al ser privadas bruscamente de sus medios de vida y desplazadas por la fuerza de su hábitat, las familias de estas comunidades se encuentran padeciendo una profunda revictimización”.
Por lo tanto, se observan numerosos derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, de las comunidades indígenas gravemente vulnerados, entre los que se encuentran el derecho a la propiedad comunitaria que garantiza el derecho a la tierra y el territorio indígena; el derecho a la protección contra los desplazamientos y desalojos forzosos de su hábitat; y el derecho a la integridad personal, en virtud del cual toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
Si bien durante el año ocurrió una menor cantidad de desalojos en comparación con el año anterior, los casos de desahucios tuvieron como característica una agudización de la violencia sobre comunidades específicas, tanto campesinas (Cristo Rey, Zavala Cué) como indígenas (Hugua Po’i y Ka’a Poty). Se han registrado al menos 13 situaciones que han afectado aproximadamente a 5.755 personas de las cuales al menos 87 personas, entre hombres y mujeres, fueron judicializadas.
Los desalojos forzosos por lo general “son ejecutados sin control judicial y nula garantía de defensa para las personas afectadas, facilitando situaciones de extrema violencia, por parte de actores estatales y civiles armados irregulares al servicio de latifundistas”.
Además, se llevan a cabo sin perspectiva de soluciones duraderas, sin atender la situación de desprotección de las personas que son víctimas de los desalojos.
Con esta perspectiva, el Estado paraguayo no solamente sigue sin garantizar los derechos humanos básicos a la población campesina e indígena, “sino también que sigue violentándolos a través de sus agentes: policías, fiscales y jueces”. Mencionan la Ley Nº 6830/2021 que modificó el artículo 142 del Código Penal y su modificatoria Ley Nº 3440/2008 –conocida como Ley Riera-Zavala– para elevar hasta 10 años de pena privativa de libertad por la “invasión de inmuebles”.
De este modo, pasó de ser un delito a crimen y, con ello se eliminó la posibilidad de medidas alternativas a la prisión, lo cual contradice principios consagrados en la Constitución y el propio Estatuto Agrario. Con esta modificación jurídica, el Estado ha recrudecido la violencia hacia comunidades campesinas e indígenas.