Ante esto, alrededor de 50 gremios de la industria y la producción dieron su apoyo al proyecto de ley presentado por Enrique Riera ante la Cámara de Senadores, que propone aumentar las penas por impedir el libre tránsito y coaccionar a terceros que participan de una protesta determinada. “(El proyecto de ley) es un instrumento válido de política pública que los sectores aquí representados apoyamos y defendemos con convicción. Pedimos al Poder Legislativo considerar esta propuesta que será de suma importancia para el país”, afirma el manifiesto leído por Enrique Duarte, presidente de la UIP, y apoyado por los representantes de 50 gremios empresariales.
Duarte alegó que el país necesita reactivar su economía, lo “que solo será posible trabajando y que cada paraguayo pueda llegar a su destino con absoluta normalidad”. “No es aceptable que algunos sectores, enarbolando la bandera del derecho a manifestarse, obvien las garantías constitucionales de los demás ciudadanos”, indicó también.
Refirió que estos sectores políticos interesados están llevando a niveles ridículos el pretender instalar que cada reivindicación solo puede lograrse perjudicando a los demás y recurriendo incluso a la violencia. “Cuando los voceros de algunas organizaciones se burlan del sentido común de la gente, hay que preguntarse qué tipo de liderazgos queremos para nuestro país. Aquel que fomenta el trabajo, la formalidad y las inversiones o aquel que promocione un modelo de permanentes desestabilizaciones económicas y confrontaciones innecesarias”, reclamó Duarte.
Reafirmó la posición de los empresarios de que el proyecto de ley de Riera se constituirá en un valioso instrumento de política pública que el país necesita de forma urgente para ser previsible y atraer inversiones, que generen empleos dignos y proyecte un desarrollo social y económico sostenible. “Sin esto, nos quedan la informalidad y el aumento de la delincuencia”, aseguran los empresarios.
Preocupa la presencia de Moyano
Los empresarios también manifestaron su inquietud por la presencia en el país del sindicalista argentino del sector camionero Hugo Moyano. “Es utilizado por gente irracional que quiere importar experiencias que solo llevaron al fracaso y tenemos una muestra en el país vecino (Argentina)”, aseveró Enrique Duarte.
En este orden, Pedro Galli, presidente de la ARP, aseguró que el derecho a manifestarse no puede estar por encima del derecho a la libre circulación, por lo que si las instituciones no funcionan para hacer cumplir la Constitución Nacional; “necesitamos de leyes que tengan efectos disuasivos”, justificó el ganadero.
Beltrán Macchi agregó que con el manifiesto quieren enviar una señal clara de que el modelo de país que desean es el que trabaja para salir adelante. Agregó que los anteriores bloqueos de rutas representaron una pérdida de USD 1.000.000 diarios para la economía.
