Fue durante la audiencia de conciliación realizada ayer en el juzgado a cargo de la magistrada Flavia Recalde, en la que no hubo acuerdo y el caso será elevado a juicio oral y público. La abogada Gilda Portillo, defensora del intendente, afirmó que cuenta con los elementos probatorios necesarios para demostrar la inocencia de su cliente, en el caso que se le imputa. Estas pruebas deberán ser presentadas en el plazo de 5 días, acorde a lo establecido por la jueza tras la audiencia de conciliación.
El juicio tiene como trasfondo la recuperación de la administración de la Terminal de Ómnibus de Ciudad del Este por parte de la administración municipal, luego de más de 30 años de estar alquilado a la firma Itá Paraná SA, y es uno de los 16 procesos judiciales que el intendente afronta, por denuncias penales y querellas privadas presentadas en su contra.
Itá Paraná SA había también tratado de recuperar la administración municipal, con acción judicial que tuvo reveses en todas las instancias, incluyendo una acción de inconstitucionalidad planteada ante la Corte Suprema de Justicia.
La Comuna había recuperado la administración municipal bajo el concepto de que las millonarias recaudaciones en el lugar no ingresaban a las arcas municipales, ni eran invertidas a favor del pueblo, sino iban a parar a la empresa privada por varios años.
Los recursos actualmente son destinados al Consejo de Salud local, donde se invirtió en la reparación de un tomógrafo, la remodelación del sector de la unidad de terapia intensiva del Hospital Regional y la compra de una nueva ambulancia, entre otros. EM
