De esta forma se suprime la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). El presupuesto y los 17 funcionarios de esa institución pasarán a formar parte de la Contraloría General de la República (CGR), una vez que culmine el circuito de estudio de la ley.
Del proyecto original se testó la parte que señalaba que la CGR podrá emitir resoluciones que serían vinculantes, ya que justamente se había mencionado que quitaría atribuciones al Ministerio Público.
La Contraloría administrará un portal de denuncias contra funcionarios públicos.
En concreto se establecen dos modalidades de denuncia: nominal con toda la información sin ninguna restricción y con la protección de datos. En el segundo caso, solamente con orden judicial podrán revelarse los datos. En caso de que un funcionario de la Contraloría revele los datos del denunciante, será pasible de una sanción según lo establece el Código Penal.
Asimismo se suprime del texto original, la posibilidad de que las denuncias sean anónimas.
Otra modificación establece las atribuciones de enviar a la Fiscalía todas las denuncias que sean consideradas falsas o mal intencionadas.
Durante la sesión, el senador Rafael Filizzola señaló que el proyecto no tendrá eficacia porque no suma “gran cosa” y subrayó que no resuelve la tensión que hay entre el Tribunal de Cuentas y la CGR porque la Corte Suprema de Justicia consideró en numerosos casos que una vez que se envíe al Tribunal de Cuentas una rendición, básicamente la CGR no tiene acceso a la documentación. “De esa forma se ha evadido el control”, sostuvo.
CONSEJO. Una de las principales discusiones se dio en torno a la creación de un Consejo Nacional Anticorrupción, el cual está conformado por representantes de los tres poderes del Estado, donde el contralor ejercerá la coordinación en conjunto con el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República.
Sergio Rojas mostró su preocupación porque el Gabinete Civil va a incidir en las acciones que se van a tomar, como las auditorías, y el Gabinete Civil tiene a su cargo 71 secretarías. “Vamos a someter más de lo que ya está la Contraloría, porque van a estar al mismo nivel el contralor y el ministro del Gabinete Civil”, refirió.
“Se plantea un monstruo de dos cabezas”, dijo Éver Villalba.
Eduardo Nakayama, por su parte, solicitó una revisión constitucional del asunto, pero esta no prosperó.
En defensa del proyecto, el senador Luis Pettengill, quien preside la Comisión de Legislación, mencionó que el Consejo será un órgano político que al inicio de cada periodo elaborará los planes de seguimiento de la Estrategia Nacional Anticorrupción.
También Javier Zacarías Irún defendió el punto en cuestión señalando que no hay ningún obstáculo constitucional. “Es un organismo deliberativo de carácter no resolutivo, no vinculante. Es un Consejo que se reúne para decirles a las instituciones lo que se necesita, con el fin de prevenir la corrupción. No es vinculante”, expresó.
Filizzola criticó que se mezclen las competencias del Estado.
“No se ve qué vaya a sumar el Consejo y no están varias instituciones como la DNCP, la AGPE, el Tribunal de Cuentas, y no están las Fuerzas Públicas”, cuestionó el senador.
