La resolución fue firmada por los miembros del máximo órgano electoral, Jaime Bestard, María Elena Wapenka y Alberto Ramírez Zambonini el pasado 15 de febrero y dado a conocer públicamente el día de ayer por la Justicia Electoral.
El documento autoriza a las organizaciones políticas participantes a designar dos apoderados técnicos titulares y dos suplentes para auditar los procedimientos y programas relacionados con las máquinas de votación en las distintas fases y procesos a ser realizados.
“La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC) facilitará un laboratorio para realizar las pruebas correspondientes. El periodo de tiempo que operará este laboratorio será determinado por la misma dirección, la cual designará a los funcionarios técnicos que acompañarán a los auditores durante el proceso”, reza la resolución.
Agrega, por último, que la DTIC será la encargada de elaborar un cronograma para la realización de las auditorías, informando las fechas y lugares en que se realizarán los procesos de auditoría de cada una de las fases y procesos establecidos.
La Justicia Electoral se encuentra actualmente iniciando su campaña de capacitación a la ciudadanía sobre el uso de las máquinas de votación, en esta primera etapa, distribuyendo en los entes electorales distritales de todo el país, y en la próxima, en puntos de aglomeración ciudadana, como actualmente lo realiza en la Terminal de Ómnibus de Asunción.
Críticas. Existen varios referentes informáticos nacionales e internacionales, así como organizaciones de la sociedad civil que tienen dudas sobre el uso de las máquinas de votación en las próximas elecciones, considerando la experiencia de otros países que han aplicado esta modalidad y han tenido malas experiencias.
La organización civil Tedic realizó la semana pasada una charla virtual sobre el voto electrónico donde se analizaron los riesgos de esta modalidad de sufragio. La charla estuvo a cargo de los especialistas Javier Smaldone, de Argentina, y Marcelo Elizeche, de Paraguay.
Un aspecto resaltado por los expertos es la imposibilidad de auditar plenamente la máquina por parte de personas de la sociedad civil que no están en grupos políticos.