En una decisión inédita en el país, la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, dijo que mañana se inicia un nuevo mandato de seis años de Chávez, convaleciente en Cuba, pero que “no es necesaria una nueva toma de posesión” en su “condición de presidente reelecto”.
Chávez, de 58 años y en el poder desde 1999, no asumirá este 10 de enero, como establece la Constitución, porque su estado de salud no le permite regresar a Venezuela desde Cuba, donde fue operado de un cáncer hace casi un mes.
Morales argumentó, al interpretar el artículo 231 de la Carta Magna, que la “juramentación puede ser efectuada en una oportunidad posterior al 10 de enero del 2013 ante el TSJ, de no poder realizarse dicho día” ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), ratificando así la tesis defendida desde hace días por el oficialismo.
El Ejecutivo había señalado que la toma de posesión es un “formalismo” que Chávez puede cumplir una vez regrese al país tras completar su “complejo” postoperatorio y que en el mediano tiempo se produce la continuidad del Gobierno en ejercicio.
La oposición, sin embargo, había planteado que ante un ausencia del gobernante debía jurar el titular del Parlamento, Diosdado Cabello, dado que en esa fecha finalizaba el anterior Gobierno y se inauguraba, según esta tesis, un periodo de ausencia temporal del presidente de 90 días prorrogables.
La presidenta del Supremo descartó, asimismo, de momento la conformación de una junta médica para evaluar la salud del gobernante e indicó que su creación solo puede darse a la hora de considerar una falta absoluta.
“En este momento no está planteado, ya que el Ejecutivo ha señalado, de una manera sucesiva, a través de comunicados oficiales, cuál ha sido la evolución de la salud del presidente”, alegó Morales.
La decisión del TSJ abrió, sin embargo, otro debate, pues mientras desde el Ejecutivo se le consideró como “palabra sagrada” y de “paz”, la oposición la calificó de “política”.
“El Tribunal Supremo de Justicia venezolano ha tomado una decisión (...) Lo que nos toca es acatarla”, dijo el vicepresidente del país, Nicolás Maduro, al abrir un encuentro en Caracas de representantes de los países de Petrocaribe y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA).
Cabello, quien es primer vicepresidente del partido de Chávez, el Socialista Unido de Venezuela (PSUV), llamó, entretanto a la población “a la calle a apoyar la decisión” del Supremo.
Posteriormente, el general Wilmer Barrientos, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, aseguró que están “muy contentos” por la sentencia y confirmó que tras una “evaluación del panorama nacional” han tomado “medidas para garantizar el sosiego, la paz y la tranquilidad” a los venezolanos.
Desde la oposición se escucharon críticas del grupo de diputados ante la Asamblea, que se declaró en “sesión permanente” para evaluar sus próximas acciones y no descartó acudir a instancias internacionales.
“Es realmente una sentencia política y no una sentencia jurídica”, declaró a Efe la diputada Vestalia Sampedro.
Por su parte, el excandidato presidencial y líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles, lamentó que el máximo tribunal dictara una sentencia para resolver “un problema” de Gobierno.
“El tribunal le dio una interpretación para resolver un problema que tiene el Gobierno”, sostuvo Capriles en una rueda de prensa al considerar este hecho como “lamentable porque las instancias no deben responder a un partido”.
Pese a que este jueves Chávez no tomará posesión para su nuevo mandato, los gobernantes de Bolivia, Evo Morales, Uruguay, José Mujica y Nicaragua, Daniel Ortega, así como otros dignatarios y personalidades latinoamericanas decidieron viajar a Caracas para participar mañana en un acto político convocado por el chavismo en respaldo al mandatario venezolano.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abrió un nuevo expediente administrativo contra el canal privado Globovisión y se dictó una medida cautelar prohibiendo la emisión de cuatro “micros” o mensajes en los que aparecen fragmentos de anteriores posesiones de Chávez y las declaraciones que hizo antes de partir a Cuba comparándolas con el texto de la Constitución.
Las autoridades consideraron que los “micros” incitan “al odio, la intolerancia por razones políticas, a la zozobra y a las alteraciones del orden público”.
