De acuerdo con un comunicado de la Cámara Alta, este proyecto le permitirá a la Secretaría de Salud “diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana”.
También permitirá emitir normas para la investigación o producción nacional de estos productos, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol (THC), sus isómeros y variantes estereoquímicas.
El documento, tras su aprobación, “se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales”.
Esta reforma faculta a la Secretaría de Salud para otorgar autorizaciones de importación de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, productos o preparados, incluyendo los derivados farmacológicos de la cannabis.
Asimismo, indica que la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no serán castigadas cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos, y en los términos autorizados por el Ejecutivo Federal.
En el documento, los senadores detallaron que en el dictamen no se aborda la dosis máxima de cannabis para consumo personal; este asunto “se analizará, discutirá y dictaminará” posteriormente.
El senador del Partido Acción Nacional (PAN) Francisco Salvador López explicó que la venta de marihuana medicinal se desarrollará en dos etapas, la primera a través de la importación y la segunda cuando concluya la investigación científica en México y se permita la producción nacional.
Para la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), con la aprobación de este dictamen “se da un paso histórico” que abrirá las puertas para resolver una urgencia médica que aqueja a los mexicanos que no pueden acceder a medicamentos derivados de la cannabis.
Mientras que la senadora del PAN Gabriela Cuevas dijo que el dictamen “se quedó corto”, pues se mantiene la prohibición al cáñamo y no combate la violencia en el país.
El senador Roberto Gil Zuarth, también del PAN, aseguró que el cambio regulatorio de esta planta no va a acabar con la violencia en el país. Sin embargo, matizó, “sí implicará reducir sensiblemente una de sus principales ganancias, pues el 40 % de los ingresos del crimen organizado deriva de la exportación de marihuana”.
El coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Barbosa, reconoció que la reforma representa un avance importante para pacientes. No obstante, el Poder Legislativo -dijo- “quedó muy por debajo de las expectativas de la sociedad”.
De acuerdo con Barbosa, la propuesta del presidente, presentada en abril de este año, en la materia era “avanzada” pero ante los reclamos de grupos de interés, solo se reguló el uso medicinal.
Su compañera de partido Angélica de la Peña mencionó que existe el consenso de “hacer algo distinto en la política de drogas”, pues el régimen prohibicionista “ha generado altos niveles de violencia, más de cien mil muertos y la violación sistemática de derechos humanos”.
La discusión para la regulación en esta materia arrancó con la aprobación en 2015 del suministro de derivados de la marihuana para varios niños enfermos y un fallo histórico de la Suprema Corte emitido en noviembre pasado que permitió a cuatro ciudadanos cultivar y consumir el producto con fines recreativos.
