Así, la Cámara Alta accedió a ampliar la ley impulsada en 2014 por el senador republicano Marco Rubio y el senador demócrata Robert Menéndez que congela activos en territorio estadounidense y sus visados a algunos de los miembros del Ejecutivo de Nicolás Maduro, así como a otros que lo fueron pero ya no ocupan cargos.
No obstante, el texto legislativo aún tiene que ser aprobado por la Cámara de Representantes y firmado por el presidente Barack Obama, pero todo apunta a que no sufrirá ningún escollo.
“Debido a que el régimen de Maduro sigue violando los derechos humanos e incrementa su opresión política, EE.UU. debe continuar haciendo su parte para hacer frente a esta creciente crisis en Venezuela”, dijo Rubio tras la aprobación del texto.
“Hay numerosos ejemplos de por qué estas sanciones deben seguir vigentes en el futuro próximo, incluido el abuso del Tribunal Supremo de Venezuela en manos de Maduro para anular leyes como la de liberar a decenas de presos políticos”, agregó el senador.
Por su parte, Menéndez subrayó “el deterioro democrático” que a su juicio sigue sufriendo Venezuela, y “el camino cada vez más peligroso” que está llevando al país “hacia la ruina económica, la criminalidad rampante y la polarización política”.
“EE.UU. debe seguir levantándose ante el régimen de Maduro mediante la ampliación de estas sanciones, con consecuencias reales para los principales actores responsables de que Venezuela se dirija rápidamente a ser un estado fallido”, añadió.
La ley ordena la imposición de sanciones contra funcionarios actuales o anteriores del régimen venezolano y aquellos que actúen en su nombre y que hayan cometido “actos significativos de violencia o abusos graves de los derechos humanos contra manifestantes pacíficos y otros civiles inocentes”.
Su aprobación hoy dio vía libre para la confirmación de la actual subsecretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson, como próxima embajadora de EE.UU. en México, ya que Rubio había bloqueado su confirmación y condicionó levantar su objeción a la aprobación de una extensión de dichas sanciones.
Rubio y Menéndez impulsaron la ley original que fue aprobada en el Congreso a finales de 2014 tras varios meses de polémicas con el Gobierno de Barack Obama, quien entonces no era partidario de imponerlas en medio de los intentos de diálogo dentro del país.
Sin embargo, en vista del aumento de las tensiones, el mandatario accedió a su promulgación y además amplió en marzo de 2015 el alcance de la propia ley, emitiendo una “emergencia nacional” ante la situación convulsa que vive el país caribeño y extendiendo la lista de sujetos sobre los que recaen las sanciones, una medida que prorrogó por un año más el mes pasado.
No obstante, la vigencia de las sanciones que contempla la ley impulsada por Rubio y Menéndez expira a finales de este año, por lo que el senador por Florida utilizó el bloqueo de Jacobson como palanca para lograr una extensión de las mismas hasta 2019.
Según indicó a Efe un asesor del senador, hace cinco meses que tanto la Casa Blanca como los republicanos a favor de la nominación de Jacobson comenzaron a negociar con Rubio sobre “qué hacer” para que este levantara el bloqueo, y se mostraron abiertos a la prórroga de las restricciones.
Las relaciones entre EE.UU. y Venezuela han sido conflictivas desde la llegada al poder en 1999 del ya fallecido presidente Hugo Chávez, mentor y antecesor de Maduro, y desde 2010 las delegaciones de EE.UU. en Caracas y de Venezuela en Washington no cuentan con embajadores.
El último encontronazo sucedió el mes pasado, cuando Obama prolongó por un año más el decreto que describe a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la “seguridad nacional” de EE.UU.
El mandatario estadounidense argumentó para ello que el país caribeño sigue sufriendo “la persecución de los opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones a los derechos humanos”.
Ante la medida, Maduro anunció la retirada del encargado de negocios de Venezuela en Washington, Maximilien Sánchez Arveláiz, y declaró el 9 de marzo como el Día nacional “de la lucha antiimperialista”.
