Según informó hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (Foreign Office), la reina Isabel II de Inglaterra firmó ayer, miércoles, la llamada “Orden de la Constitución de las Islas Malvinas de 2008", que entrará en vigor el 1 de enero de 2009.
El texto constitucional limita, según dijo hoy a EFE Michael Summers, legislador local y portavoz del Gobierno malvinense, la discrecionalidad que tenía antes el gobernador (representante de la Reina) sobre todo en política interior del archipiélago.
No obstante, y de acuerdo con el Foreign Office, el documento permitirá al gobernador desoír las recomendaciones del Consejo Ejecutivo (local) en “interés de la buena gobernanza” en temas de asuntos exteriores, seguridad interna (incluida la policía), administración de justicia y gestión de los servicios públicos.
Otro cambio que el Ministerio de Exteriores británico califica de “importante” es el reconocimiento que se hace del Jefe del Ejecutivo malvinense como “cabeza de los servicios públicos, pero bajo la autoridad y dirección del gobernador”.
El texto también establece un comité de cuentas públicas y la institución de un Comisario de Quejas, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores, según el cual el texto cumple lo establecido por la Convención Europea de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
La nueva Constitución introduce asimismo cambios en el “estatus” de los habitantes del archipiélago (que conlleva el derecho de voto y permite adquirir propiedades), de manera que las referencias a “ciudadanos de la Commonwealth” se sustituye por la de “ciudadanos británicos”.
A partir de la entrada en vigor de la Constitución, según explicó a Efe Summers desde las Malvinas, cualquier ciudadano extranjero que desee el “estatus” malvinense tendrá que solicitar como paso previo la ciudadanía británica, lo que se aplicará también a su cónyuge.
La secretaria de Estado británica de Exteriores, Gillian Merron, saludó hoy la nueva Constitución y señaló que el Gobierno de Londres y el del archipiélago han “colaborado abierta y constructivamente para garantizar que el documento preste servicio durante mucho tiempo a las islas”.
Según Merron, “el mundo ha avanzado desde que entró en vigor la anterior Constitución de las Malvinas en 1985 y las islas se han desarrollado fuertemente en lo económico y en lo social”.
La secretaria de Estado británica agregó que el texto refuerza “la democracia local, al tiempo que conserva poderes suficientes para que el Gobierno de Londres proteja los intereses del Reino Unido y garantice la buena gobernanza general del territorio”.
El pasado 30 de septiembre, el Gobierno de Argentina ya rechazó el proyecto británico para modificar la Constitución de las Malvinas, iniciativa que calificó como “una nueva violación de la soberanía argentina” sobre el archipiélago.
El canciller argentino, Jorge Taiana, dijo entonces que la reforma del texto constitucional supone “una flagrante violación del mandato que nos imponen las Naciones Unidas a los dos países en la disputa de soberanía sobre la Cuestión de las Islas Malvinas”.
Taiana adelantó que “el Gobierno argentino protestará oportuna y formalmente ante el Reino Unido y denunciará ante la comunidad internacional esta nueva violación de la soberanía argentina y del derecho internacional”.
Argentina ha denunciado en reiteradas ocasiones ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas los intentos británicos de otorgar “constituciones” o fomentar nociones de “autogobierno” a poblaciones coloniales.
El Reino Unido, que ocupa las Malvinas desde 1833, y Argentina se enfrentaron en una guerra por la soberanía del archipiélago en 1982, conflicto en el que murieron 255 militares británicos y más de 650 argentinos.