20 jun. 2025

El problema de los niños delincuentes debe abordarse como política de Estado

La estadística de la Policía Nacional es cruel y lapidaria: el 60 por ciento de los hurtos denunciados es cometido por menores. Ese dato contundente interpela a la sociedad, desnuda a los políticos ineptos, revela el fracaso de la educación y reclama urgente respuesta por parte del Gobierno y las organizaciones que trabajan con niños.

Imagen - Editorial

El revelador porcentaje corresponde solo a la Comisaría Tercera de Asunción, que abarca el microcentro e incluye algunos de los puntos de mayor concentración de marginales. De cada diez aprehendidos por apoderarse de pertenencias ajenas, seis son menores de 18 años. De ese universo, el setenta por ciento pertenece al rango de edad que va de los 9 a los 12 años.
Los delitos que cometen son de poca monta, atendiendo al valor económico de lo que sustraen: celulares, carteras, objetos diversos producto de ingresos a domicilios y negocios, junto a otros de la misma índole.
Las causas son consabidas: pobreza que empuja a delinquir, familias destruidas, preeminencia de antivalores, ausencia de suficiente control en las calles y falta de una política eficaz que lleve a cabo acciones planificadas y permanentes para evitar que los niños ingresen al submundo de la delincuencia o sacarlos de allí.
Cuando se habla de niños ?tanto a nivel gubernamental como en las esferas de las organizaciones no gubernamentales?, hay mucha demagogia. No hay aspirante al poder que no prometa dedicar recursos económicos y humanos para erradicar el problema de los niños de la calle y la delincuencia juvenil. Las evidencias, sin embargo, muestran que las acciones concretas son nulas o inexistentes.
El problema de los menores inimputables ?aquellos que todavía no cumplieron los 14 años? es el más grave de todos. Por ley, no pueden recibir sanción carcelaria. Por lo tanto, son aprehendidos y al rato recuperan su libertad para volver a las andadas. Muchos de ellos son inducidos o presionados por personas mayores ?familiares en muchos casos?, ya que no existe la posibilidad de que sean remitidos a la cárcel.
En cuanto a los que ya han salido de la edad de inimputabilidad, pero todavía no han cumplido los 18 años que los incorpora a las filas de los mayores según la legislación, lo que ocurre es que los afectados por los actos delictivos no presentan una denuncia o una querella formal en contra de los que les perjudicaron. En la práctica, entonces, este segmento también cuenta con impunidad.
Del problema hay suficientes diagnósticos. Se saben su origen y la forma en que operan los chicos, los cómplices e instigadores están identificados y el peligro que representan los que de a poco pasarán a las filas de los que cometen delitos más graves.
Lo que no hay es un planteamiento de acciones concretas y multidisciplinarias lideradas por la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia para aglutinar a los diversos sectores involucrados en el tema. Esta institución está en deuda con la sociedad. Es hora de que empiece a pagarla.